Energía nuclear en Chile?

Mucho se ha discutido en Chle el tema de la energía nuclear, se han solicitado informes y se han levantado muchas voces tanto a favor como en contra de su utilización. La discusión se ha originado debido a la inquietud planteada por representantes de distintos sectores políticos debido a la poca diversificación energética de Chile, incrementado por los problemas derivados de la exportación de gas desde Argentina y los continuos cortes del sumitro desde este país.

En septiembre del 2006, el gobierno señaló que la "Comisión Chilena de Energía Nuclear" sería la encargada de estudiar la factibilidad geográfica de instalar una planta nuclear en Chile y la estructura regulatoria necesaria para ello, sin embargo, se enfatizó que no se está pensando en un proyecto concreto para una planta nuclear, ya que para esto sería necesario un estudio de factibilidad económica, el que no está agendado.

Esta semana la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunció oficialmente la formación de una “comisión de expertos” que evaluará, en seis meses, la factibilidad de fomentar la opción atómica como una forma de ampliar y diversificar la matriz energética de Chile. Esta comsión que comenzó a operar en enero pasado está encabezada por el físico Jorge Zanelli, quien estará acompañado por la ex ministra de Economía de la actual administración, Ingrid Antonijevic; Ricardo Baeza, matemático; Carolina Echeverría, magíster en Defensa; Claudio Gambardella, abogado de la Comisión Nacional de Energía; Pío Infante, geógrafo; Alejandro Jadresic, ex presidente de Comisión Nacional de Energia; Alejandro Jofré, ingeniero; Andrés Stutzin, médico geofísico; Claudio Tenreiro, físico nuclear; y Cristián Martínez, físico teórico y coordinador técnico del grupo.

El presidente de la comisión, Jorge Zanelli afirmó que “no se puede pensar en tener una opción núcleo-energética en el país en menos de 10 o 15 años”, por lo que recalcó que la comisión tendrá un plazo de seis meses para entregar un informe preliminar respecto “de qué estudios hay que realizar y de qué profundidad y necesidad requiere el país”.

Quienes se encuentran en contra del uso de esta energía sostienen que “es un mito” aquello de que la energía nuclear es segura, el terrorismo es hoy uno de los principales problemas de la energía nuclear, asi como el manejo y disposición de sus residuos. El combustible gastado en centrales nucleares tiene una elevada radiactividad y su periodo de enfriamiento se calcula entre 20 mil y 100 mil años.

La peligrosidad de los residuos radioactivos es el principal argumento de grupos ecologistas para oponerse al uso de energía nuclear. Señalan que después de más de 60 años de desarrollo de esta energía artificial aún no existe la tecnología para su segura disposición, y agregan que ninguna formación geológica natural asegura una estabilidad por tantos años.

El Instituto de Ecología Política, a través de su página web, enfatiza que “el peligro de una explosión no sólo es latente sino real. Las explosiones nucleares producen diversos tipos de impactos radiactivos, todos tremendamente destructivos”. Donde los efectos secundarios impactan a la población por irradiación de tejidos, daños a las estructuras celulares y ADN, una de cuyas expresiones es el cáncer.

Comisión Chilena de Energía nuclear http://www.cchen.cl/ ; Instituto de ecología política http://www.iepe.org/ ; Comision de Energía y Minería del Senado www.senado.cl/

El desierto avanza más de un metro al día hacia el sur

Unos 400 metros de avance anual tiene el proceso de desertificación que sufre el territorio chileno, lo que equivale a poco más de un metro por día con dirección al sur del país.

El fenómeno preocupa a la Universidad Católica de Chile, que acaba de constituir en septiembre pasado el Centro del Desierto de Atacama, en el sector de Patache, 50 kilómetros al sur de Iquique.

El nuevo centro no sólo estudiará los fenómenos de la naturaleza del suelo seco y el avance de la arena, sino que a través de las diversas unidades académicas se intentará generar una mejor calidad de vida para los habitantes de zonas áridas.

Pilar Cereceda -con 30 años de investigación en el tema- destaca el aporte que harán las diversas unidades académicas: las facultades de Agronomía e Ingeniería Forestal; Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, y el Instituto de Geografía, junto a planteles regionales de la zona.La académica explicó que es importante que la comunidad y las autoridades estén conscientes del problema, puesto que el avance de zonas secas tiene un impacto en la biodiversidad; es decir, especies de flora y fauna que tienden a desaparecer.Pero el problema del desierto es de larga data.

El entonces Presidente Eduardo Frei Montalva en su último mensaje del 21 de mayo de 1970 alertó sobre el fenómeno."Sin embargo, vemos impávidos cómo se extinguen las aguas y la vida en extensas zonas de nuestra patria. Vemos avanzar el desierto", decía."¿Acaso no ha llegado ya a las puertas del Valle de Aconcagua y del propio Santiago? ¿No es efectivo que la erosión está destruyendo importantes regiones agrícolas y que contemplamos, sin alarma, cómo millones de toneladas de capa vegetal son arrastradas hacia el océano? ¿No es notorio que en los últimos decenios han disminuido las lluvias y las nieves?".

La propuesta de creación de un Área Marina y Costera Protegida para Chiloé

Con la denominación de "Ballena azul en Chile: Los gigantes de la conservación marina", el proyecto fue presentado a la Comisión Bicentenario por el doctor Rodrigo Hucke-Gaete, docente de la Universidad Austral de Chile y director del Centro Ballena Azul resultando ganadora de la única distinción que se otorgó en el ámbito medioambiental.
El "Sello Bicentenario" es un reconocimiento público a iniciativas provenientes de la sociedad civil, sector privado y entidades públicas autónomas que ejecuten proyectos de impacto nacional y local en concordancia con el "espíritu Bicentenario." En ese contexto, la propuesta del área marina es considerada como un aporte importante para el país que se quiere construir para el 2010 en armonía con el medio ambiente.
"El reconocimiento más que personal siento que está dirigido a un grupo de personas que hemos estado trabajado para lograr los propósitos del proyecto", señaló Hucke-Gaete a Diario La Estrella de Chiloé, quien agregó que "el Selllo Bicentenario es un premio muy importante, más aún cuando es la propia Presidenta la que lo entrega".
La superficie marina tiene una extensión total de 46 mil kilómetros cuadrados y la propuesta surgió a raíz del descubrimiento en 2003 de ballenas azules en actividades de crianza y alimentación en la zona de Chiloé y el golfo Corcovado. Teniendo en cuenta que en la misma área la actividad de la pesca y la acuicultura es intensiva, se considera como necesario la coordinación de acciones que garanticen la sustentabilidad.
Hucke-Gaete y todo el equipo de investigadores del Centro Ballena Azul se están preparando ya, para partir nuevamente en enero a la expedición anual que realizan a la zona. "Nos vamos a quedar tres meses, teniendo a Melinka como centro de operaciones", puntualizó.
Manifestó también que una vez que reciban los recursos que aprobó el CORE del préstamo BID-Turismo, podrán ampliar su labor científica.
El académico señaló que los fondos que provienen del Banco Interamericano de Desarrollo ascienden a los 297 millones de pesos, los que ayudarán a sentar las bases biológicas, socioeconómicas y de potenciales actividades futuras.
Propuesta
La propuesta de creación del Área Marina Costera Protegida tiene el apoyo de instituciones nacionales e internacionales entre las que se cuenta la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), la Comisión del Medio Ambiente del Senado, Fundación Rufford, Whale & Dolphin Conservation Society, Wildlife Conservation Society y Fundación Avina.
El objetivo principal de la iniciativa es la protección de la ballena azul y el ecosistema donde está presente.
El "Sello Bicentenario 2006" que le fuera otorgado se enmarca en el programa de actividades que el Gobierno está llevando adelante para conmemorar los 200 años de vida republicana del país, que se cumplirán el 18 de septiembre de 2010. "Me siento orgulloso de representar un proyecto que cuente con el respaldo de la Comisión Bicentenario", señaló Rodrigo Hucke-Gaete.

Insisten en modificar la institucionalidad ambiental para evitar la judicialización de los proyectos

“En el país existe el piso político necesario para hacer una modificación a la institucionalidad ambiental que evite que los proyectos polémicos se judicialicen”, así lo afirmó el senador Antonio Horvath, presidente de la Comisión de Medioambiente en el marco del análisis que realizó la instancia sobre el proyecto minero Los Pelambres en la IV Región.

La Comisión escuchó las exposiciones de los representantes de la Minera Los Pelambres, de la Dirección General de Aguas (DGA) y de las comunidades afectadas por el mencionado proyecto minero.

Cabe recordar que la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso interpuesto por algunas organizaciones comunitarias del valle del Pupío, en la comuna de Los Vilos, en contra de la Dirección General de Aguas, por la resolución otorgada, en noviembre del 2005, mediante la cual autorizó la construcción de un tranque de relaves, obra que la empresa minera se encuentra realizando en el Fundo El Mauro de esa comuna.
La construcción del Tranque Mauro fue aprobada por la Resolución de Calificación Ambiental Nº 38, de la COREMA IV Región, luego de un proceso de información y participación ciudadana. Dicha autorización fue ratificada por el Consejo de Ministros y se otorgaron los permisos respectivos después de un acucioso estudio y análisis.
Sin embargo, el senador Horvath explicó que “existe una evidente polémica en la realización de este proyecto y la Comisión de Medioambiente, no puede dejar de recibir los antecedentes de las distintas partes”.
Sostuvo que “estamos interesados en hacer cumplir los compromisos, tanto del gobierno de la Concertación como de la Alianza para revisar la institucionalidad y la legislación ambiental de manera de prevenir y evitar la judicialización de los procesos, tal como ha ocurrido acá y en todos los proyectos ambientales polémicos del país”.
El legislador se mostró partidario de “lograr una instancia previa de armonización de los distintos proyectos mineros o hidroeléctricos con los agrícolas y turísticos, porque a mi juicio esa armonización es perfectamente posible”.
Sin embargo, el senador Horvath advirtió que “debemos tener particular cuidado, en el caso del tranque El Mauro porque está en proceso judicial y como Poder del Estado no podemos intervenir. No obstante, no nos podemos quedar al margen de las distintas opiniones para ver dónde puede haber una falla ya sea administrativa o legislativa y que esté afectando los derechos de los proyectos o de las comunidades”.
Aseguró que “además de la modificación a la institucionalidad ambiental tenemos el compromiso de legislar sobre el manejo integrado de cuencas, el ordenamiento territorial, mejorar la participación ciudadana en los proyectos para hacerla más vinculante y hacer un proceso más transparente y previsor de los distintos proyectos públicos y privados del país”.

SITUACIÓN GRAVE
Por su parte, el senador Jorge Pizarro, quien representa a la IV Región y quien participó en la Comisión de Medioambiente, señaló que “me parece sumamente grave que se haya cuestionado con este fallo judicial toda la legislación medioambiental”.
Puntualizó que “el proyecto del tranque El Mauro cumplió con todo el proceso de aprobación, con los requisitos y normas exigidas. Asimismo, corrigió todos los aspectos medioambientales sugeridos y ahora se encuentra paralizado por una situación de cuestionamiento a un organismo técnico, como es la Dirección General de Aguas”.
Recordó que “participé activamente en la generación de este proyecto, apoyando la posibilidad de que las personas pudieran participar expresando sus derechos, entonces parece insólito que hoy este paralizado por esta situación”.
El senador Pizarro, recalcó que “lamentablemente se coloca en cuestión toda la legislación medioambiental, que sin duda se puede mejorar para ser más claros y específicos pero, lo complejo es que algo que está autorizado por todas las leyes lo paralicen las cortes”.

Etiquetado obligatorio: ¿un retroceso?

Como un retroceso desde el punto de vista del acceso a la información y de la seguridad en el consumo, fue calificada la nueva Norma de Etiquetado Nutricional de Alimentos, por ODECU, la organización de consumidores.

Una buena norma etiquetado nutricional de los alimentos, debería mejorar la información para el acceso alimentos seguros por parte del consumidor. Pero pasará mucho tiempo antes de que esta nueva normativa sea un referente seguro para quienes quieran tener certeza de que lo que están consumiendo es lo que indica la etiqueta. Al contrario, la normativa es imprecisa y tiene aspectos científicos claramente cuestionables que determinarán una información engañosa y riesgosa para los consumidores.

“Dado que las orientaciones técnicas impartidas por la autoridad sanitaria para desarrollar esta normativa no fueron claras, ODECU propuso a la autoridad postergar la entrada en vigencia de esta medida para lograr que la información nutricional entregada en el rótulo sea representativa y veraz. Especialmente considerando a los niños, diabéticos, hipertensos y grupos de población con necesidades nutricionales especiales”, afirmó la nutrióloga y asesora técnica de ODECU, Doctora Cecilia Castillo.

La imprecisión de esta normativa dice relación con la forma de declarar los hidratos de carbono y la fibra dietética que es básica para determinar la cantidad de energía (calorías) en los alimentos, especialmente relevante en el caso de enfermos diabéticos, agregó Castillo

“EL OJIMETRO”
Para ODECU es grave que los consumidores no puedan tener certeza de que lo declarado por el fabricante es lo que realmente contienen los alimentos ya que la nueva normativa deja al tradicional “ojímetro” las indicaciones de muchos de los componentes de los alimentos.

Valores como sal, fibra dietética, y grasas, especialmente grasas trans no representarán lo realmente contenido en el alimento, ya que se ha instruido a las empresas de alimentos que utilicen información de una tabla de alimentos chilena con valores muy antiguos y con información de valores nutricionales no válidos en la actualidad, y que no reflejan el real aporte de calorías, hidratos de carbono, grasas, fibra dietética y sodio del alimento.

La carencia de de suficientes laboratorios privados para realizar análisis de alimentos y el hecho la Autoridad Sanitaria, no tenga recursos para estos análisis, explicarían en parte esto último.

Las empresas de alimentos más cuestionables serán aquellas que-, teniendo los recursos y la tecnología necesaria- utilicen los criterios establecidos por el MINSAL, puesto que la información contenida en el rótulo no será fidedigna para el consumidor final.

Una vez que entre en vigencia la normativa se podrá observar que una gran cantidad de alimentos no cumplen con la normativa que fue anunciada por el Minsal. Esto se debe a la falta de claridad de la norma, motivo por el cual muchas han solicitado postergación a las SEREMIS respectivas.

“En el desarrollo de dicha normativa nunca se consideró la participación de las organizaciones de la sociedad civil, ni de sus equipos técnicos. Es más, aún cuando a dos meses de entrar en vigencia la medida se solicitó en consulta pública la opinión, éstas tampoco fueron consideradas”, señaló Castillo.

ODECU siempre consideró necesario postergar la entrada en vigencia de esta medida dado el impacto comercial para las pequeñas y medianas empresas y la información distorsionada que se entregará a los consumidores.

Muchas empresas artesanales y familiares, pequeñas y medianas han debido incorporar esta información nutricional, sin análisis técnicos, por el carácter obligatorio de la medida y que permitirá el desarrollo de una información errada acerca de la composición nutricional del producto. En países como Estados Unidos que tienen etiquetado obligatorio se exime a las pequeñas empresas quienes pueden incorporar su información en forma voluntaria.

Por último, ODECU instó a la autoridad sanitaria corregir esta medida y postergar la medida para todas aquellas empresas que no cuenten con el desarrollo tecnológico y comercial para llevarla a cabo.

''Plan Verde'' para la Región Metropolitana

El intendente de Santiago, Víctor Barrueto, anunció este sábado, desde el Castillo Hidalgo en la cima del Cerro Santa Lucía, un plan para toda la Región Metropolitana, denominado “Quiero Santiago Verde”, cuya misión principal será aumentar considerablemente el porcentaje de áreas verdes urbanas.
Eso significa construir, habilitar y mejorar mil 500 hectáreas de áreas verdes al año 2011, lo que se traduce en la creación de 300 hectáreas por año y el incremento de 25 mil a 100 mil los árboles plantados por año, con una inversión estimada total por todo el periodo de 40 mil millones de pesos, dijo la Intendencia. La inédita iniciativa se materializará a través de seis líneas de ejecución: Creación de Plazas y Parques; Mejoramiento y Accesibilidad a Cerros Parque; Programas de Arbolado Urbano; Conservación de Sitios Prioritarios y Parques Naturales; Reforestación en la Precordillera; y Saneamiento de Vertederos Ilegales y Cierre de Rellenos Sanitarios.
El programa Santiago Verde implicará de una inversión estimada, sólo para el 2007, de 7 mil millones de pesos, lo que equivale a la construcción y habilitación de 300 hectáreas entre inversiones sectoriales, recursos regionales, comunales, y financiamiento de privados.
Santiago Verde, según sus promotores, se trasformará en "el más relevante aporte a la disminución de la contaminación atmosférica de la región, en la que diversas instituciones públicas se asociarán en torno a este objetivo, a través de la selección de iniciativas presentadas por municipios de la región e instituciones como CONAF, así como inversiones sectoriales del MINVU y MOP".
También destaca la participación de iniciativas privadas, como las impulsadas por Aguas Andina y Gerdau Aza.

Exigen una urgente modificación a la Ley Medioambiental

Una exhaustiva investigación de la aprobación del proyecto de ampliación de la central termoeléctrica Guacolda, en la III Región, pidieron los senadores Ricardo Núñez y Carlos Ominami, a la ministra Secretaria General de la Presidencia, Paulina Veloso, luego que la Corema de Atacama aprobara dicha ampliación “con el uso de una tecnología más contaminante haciendo caso omiso de los argumentos de la autoridad ambiental y sanitaria”.
Los parlamentarios afirmaron que esta situación “podría provocar un precedente muy negativo para la política medioambiental en el país. Por lo tanto, y en representación de la mayoría de los parlamentarios que representan a la III y V Regiones, los senadores anunciaron que apoyarán la presentación de un recurso de protección en favor de los habitantes de la III Región”.
Añadieron que, con la misma fuerza “hacemos presente que seguiremos con la mayor atención el proceso que se desarrolla en la V Región, en donde todo indica que AES Gener, busca actuar de un modo semejante como lo ha hecho en la Región de Atacama”.
Señalaron que “nos ha parecido muy importante que el Ministerio realice una investigación respecto de cuáles fueron los factores que estuvieron detrás de una decisión que puede generar un precedente extraordinariamente negativo para política medioambiental en nuestro país. Queremos que los integrantes de la Corema de la III Región den una adecuada explicación por su incomprensible actuación”.
Agregó que “nosotros estamos convencidos de que es perfectamente posible que en nuestro país se compatibilice el desarrollo de nuestra diversificación de la matriz energética con el cuidado y protección del medio ambiente. No son dos entidades o dos factores que tienen que entrar en contraposición”.
El senador Nuñez insistió que “en Chile tenemos que cuidar el medio ambiente, y al mismo tiempo tenemos que impulsar medidas tendientes a generar mayores fuentes energéticas en un país que necesita mayor cantidad de energía en función de su crecimiento”.
También plantearon a la ministra Veloso que “es fundamental que -a propósito de esa misma experiencia, dado el hecho de que pronto en otras regiones del país, particularmente en la Quinta Región, se va a vivir una situación similar- tengamos pronto modificaciones a la Ley de Bases del Medioambiente”.
En ese sentido, puntualizó que “se deben incorporar las medidas que impidan el hecho absurdo de que los Consejos de Ministros que tienen que ver con estos temas no puedan tener la última palabra. Resulta que cuando hay una situación como la que se produjo en la Región de Atacama, donde el Corema Regional toma una decisión que involucra no sólo a la región de Atacama sino que a todo el país, el Consejo de Ministros no tiene ninguna posibilidad de revertir esa situación”.
Recalcó que “hay falencias, vacíos de las disposiciones legales que le hemos pedido a la ministra Veloso que ojala los estudie muy pronto, dado el hecho de que en este tema lo vamos a tener presente no sólo en Atacama, sino que también en el resto del país y pronto en la Quinta Región”.
Por su parte, el senador Carlos Ominami dijo que “esto es un test respecto de la política ambiental del gobierno. La Presidenta Bachelet ha dicho, y nosotros la respaldamos, que es posible compatibilizar el desarrollo energético con el desarrollo ambiental del país, o dicho de otra manera que la ampliación de la capacidad de producción de energía en el país no debe hacerse a costa del medioambiente”.
Añadió que “desgraciadamente en el caso de la III Región en virtud de la decisión que adoptó la Corema se está haciendo a costa del medioambiente. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice la propia Comisión Nacional del Medio Ambiente. Desde ese punto de vista, le hemos venido a decir a la ministra Veloso que vamos a apoyar el recurso de protección que desgraciadamente es la única opción que nos va quedando” .
Expresó que “también estamos esperando que se haga una investigación respecto de la actuación que tuvieron los funcionarios que en la región no acataron el punto de vista de la autoridad ambiental y sanitaria. Estamos pidiendo que exista mucha vigilancia respecto de la misma solicitud de flexibilización de estudio impacto ambiental en el caso de la Quinta Región y, a su vez, estamos pidiendo que podamos abrir rápidamente una discusión sobre cambios legales”.
Los parlamentarios enfatizaron que la nueva Ley Corta II se aprobó justamente para permitir el traspaso de los mayores costos que implica un mayor cuidado del medio ambiente a los usuarios finales y pusieron como ejemplo la planta existente en la comuna de Hualpén, que a pesar de quemar exclusivamente petcoke, es probablemente la planta a carbón más limpia del país.