MEDIO AMBIENTE Y DERECHO

LUCHA, tu deber es luchar por el Derecho; pero el día que encuentres en conflicto el Derecho con la Justicia, lucha por la Justicia ("Los mandamientos del Abogado" E. Couture

sábado, abril 15, 2006

Institucionalidad Ambiental

Por Valentina Durán, abogada, Coord. de Investigacion - Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

Valentina Durán Fecha edición: 13-04-2006

El Proyecto de Ley despachado por el gobierno la semana pasada crea el cargo de presidente del Consejo Directivo de la Conama, hasta ahora desempeñado por el titular del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y le confiere rango de ministro de Estado a este nuevo funcionario. El principal responsable de hacer cumplir las funciones de la Conama y de proponer políticas y normas ambientales será un ministro de exclusiva confianza de la Presidenta, que deberá conducir la tramitación de los proyectos que crearían el Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia Ambiental.
El itinerario trazado no debiera encontrar obstáculos en la oposición, que ha presentado propuestas en la misma línea. Es valioso este consenso sobre la necesidad de reformar la institucionalidad ambiental, pero es indispensable que la preparación de los proyectos se funde en un proceso participativo, abierto y en antecedentes sólidos. No se trata de repetir palabras de buena crianza para estar en sintonía con la formación de comisiones que auxilien al Ejecutivo en la elaboración de propuestas, lo que, por lo demás, apoyaría con entusiasmo en este caso.
Estamos jugando con el fortalecimiento del Estado de Derecho y con garantías constitucionales como la vida y la salud, el derecho a un aire limpio y a un adecuado acceso a la justicia. También se ven involucradas la igualdad ante la ley y la certeza jurídica para la inversión que los voceros del empresariado tanto valoran.
Al mezclarse, en torno a iniciativas determinadas, las inquietudes genuinamente ambientales con la disputa entre distintos sectores de la economía por el uso del espacio y de los recursos naturales, el pragmatismo y la coincidencia de intereses generan alianzas nuevas. Si a ello le agregamos otros factores, como la necesidad de financiamiento de los municipios, la mirada escrutadora de nuestros potenciales socios comerciales y las normales disputas de competencia entre servicios públicos, podemos ver elefantes volar: alianzas entre actores tan distintos como un exportador de vinos, una ONG y pobladores, como hemos visto en los últimos días, entre un ecologista profundo y la industria salmonera, todos acompañados de asesores comunicacionales, abogados y consultores.
Pero así como un día el empresario, con una acertada estrategia, logra inclinar la balanza a favor de su proyecto, o en contra de aquél que le perjudica, al otro día, en medio del fuego electoral, su competencia directa logrará un trato más favorable ante similares condiciones, o será sancionado con una multa ejemplar, afectando, esta vez, gravemente sus garantías y su competitividad. Los gobiernos, sin dejar de seguir atentamente el people meter para reconocer los límites, han tendido la mano a la empresa, especialmente en períodos de crisis económica, reformando el reglamento de evaluación de impacto ambiental para agilizarlo o fijando metas de reducción de emisiones a partir del curso normal de los negocios.
Volviendo al diseño de la institucionalidad ambiental, ¿cuál es, entonces, el interés que debiera motivar al gobierno en sus propuestas, y luego a los parlamentarios en su análisis? Reforzar el Estado de Derecho, cumplir con el deber de tutelar la preservación de la naturaleza y velar porque no se afecte el derecho a un medio ambiente sano. Para ello se deben buscar las fórmulas que entreguen mayor gobernabilidad, aunque esto implique pérdida de poder y de los amplios espacios de discrecionalidad administrativa.
Hacerse cargo de las grandes dificultades operativas que arrastra el actual modelo requiere, por una parte, una autoridad política con estatus y recursos, es decir, un ministerio a cargo de diseñar, además de llevar adelante una política ambiental coherente, sólida y de proponer las modificaciones legales y reglamentarias que la sustenten. Sin embargo, las autorizaciones, la ejecución de los planes y la fiscalización requieren de un ente autónomo, también con recursos suficientes, que asegure que criterios técnicos y objetivos primen por sobre las consideraciones políticas.