Insisten en modificar la institucionalidad ambiental para evitar la judicialización de los proyectos

“En el país existe el piso político necesario para hacer una modificación a la institucionalidad ambiental que evite que los proyectos polémicos se judicialicen”, así lo afirmó el senador Antonio Horvath, presidente de la Comisión de Medioambiente en el marco del análisis que realizó la instancia sobre el proyecto minero Los Pelambres en la IV Región.

La Comisión escuchó las exposiciones de los representantes de la Minera Los Pelambres, de la Dirección General de Aguas (DGA) y de las comunidades afectadas por el mencionado proyecto minero.

Cabe recordar que la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso interpuesto por algunas organizaciones comunitarias del valle del Pupío, en la comuna de Los Vilos, en contra de la Dirección General de Aguas, por la resolución otorgada, en noviembre del 2005, mediante la cual autorizó la construcción de un tranque de relaves, obra que la empresa minera se encuentra realizando en el Fundo El Mauro de esa comuna.
La construcción del Tranque Mauro fue aprobada por la Resolución de Calificación Ambiental Nº 38, de la COREMA IV Región, luego de un proceso de información y participación ciudadana. Dicha autorización fue ratificada por el Consejo de Ministros y se otorgaron los permisos respectivos después de un acucioso estudio y análisis.
Sin embargo, el senador Horvath explicó que “existe una evidente polémica en la realización de este proyecto y la Comisión de Medioambiente, no puede dejar de recibir los antecedentes de las distintas partes”.
Sostuvo que “estamos interesados en hacer cumplir los compromisos, tanto del gobierno de la Concertación como de la Alianza para revisar la institucionalidad y la legislación ambiental de manera de prevenir y evitar la judicialización de los procesos, tal como ha ocurrido acá y en todos los proyectos ambientales polémicos del país”.
El legislador se mostró partidario de “lograr una instancia previa de armonización de los distintos proyectos mineros o hidroeléctricos con los agrícolas y turísticos, porque a mi juicio esa armonización es perfectamente posible”.
Sin embargo, el senador Horvath advirtió que “debemos tener particular cuidado, en el caso del tranque El Mauro porque está en proceso judicial y como Poder del Estado no podemos intervenir. No obstante, no nos podemos quedar al margen de las distintas opiniones para ver dónde puede haber una falla ya sea administrativa o legislativa y que esté afectando los derechos de los proyectos o de las comunidades”.
Aseguró que “además de la modificación a la institucionalidad ambiental tenemos el compromiso de legislar sobre el manejo integrado de cuencas, el ordenamiento territorial, mejorar la participación ciudadana en los proyectos para hacerla más vinculante y hacer un proceso más transparente y previsor de los distintos proyectos públicos y privados del país”.

SITUACIÓN GRAVE
Por su parte, el senador Jorge Pizarro, quien representa a la IV Región y quien participó en la Comisión de Medioambiente, señaló que “me parece sumamente grave que se haya cuestionado con este fallo judicial toda la legislación medioambiental”.
Puntualizó que “el proyecto del tranque El Mauro cumplió con todo el proceso de aprobación, con los requisitos y normas exigidas. Asimismo, corrigió todos los aspectos medioambientales sugeridos y ahora se encuentra paralizado por una situación de cuestionamiento a un organismo técnico, como es la Dirección General de Aguas”.
Recordó que “participé activamente en la generación de este proyecto, apoyando la posibilidad de que las personas pudieran participar expresando sus derechos, entonces parece insólito que hoy este paralizado por esta situación”.
El senador Pizarro, recalcó que “lamentablemente se coloca en cuestión toda la legislación medioambiental, que sin duda se puede mejorar para ser más claros y específicos pero, lo complejo es que algo que está autorizado por todas las leyes lo paralicen las cortes”.