Descontaminación de Santiago. Opinion de Luis Abdón Cifuentes

El informe de los auditores internacionales al Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana ha producido una justificada preocupación en la ciudadanía debido a sus negativas conclusiones acerca del manejo, del apoyo de la autoridad al plan y del pesimismo con respecto al cumplimiento de sus metas. La autoridad ambiental ha destacado, en el pasado, el avance en materia de descontaminación de Santiago. Pero, como apunta la auditoría, el ritmo de decrecimiento ha decaído en los últimos años y hasta se ha revertido para contaminantes como el ozono y el monóxido de carbono.
Esta desaceleración se debe a varios motivos. En primer lugar, hay que reconocer que el control de la contaminación es una tarea compleja que involucra a todos los sectores de la sociedad. A la ciudadanía, que, por un lado, debe ejercer presión sobre sus autoridades para que implementen las medidas necesarias y, por otro, debe colaborar con estas medidas. A los científicos, que deben aportar conocimiento acerca del comportamiento de la contaminación y de las medidas que se requieren para reducirla. A la autoridad, que debe proponer las medidas más eficientes posibles para reducir la contaminación, asegurando posteriormente su cumplimiento por parte de la ciudadanía, tanto empresas como individuos. Si cualquiera de estos pilares falla, el esfuerzo completo se compromete, como lo muestra la reciente auditoría.
A medida que se avanza, la tarea se hace más difícil. En el comienzo del esfuerzo de descontaminación, en los años 90, las medidas para reducir la contaminación eran evidentes. En esos años se produjeron las mayores reducciones. Pero hoy casi todas las medidas fáciles ya se han aplicado. Las que quedan por realizar son mucho más complejas y requieren de un estudio acabado y una participación efectiva de la sociedad. De otro modo, pueden fallar o resultar en costos desproporcionados con respecto al beneficio. Es por esto que en este período la labor del gobierno es aun más importante.
Esa labor se debe desarrollar en tres áreas. Primero, aportar los recursos para desarrollar el conocimiento que permita diseñar las medidas más eficientes para reducir la contaminación. Segundo, debe diseñar estas medidas considerando a todos los agentes involucrados, incluyendo la ciudadanía (materia que se considera en el plan, pero que no se ha realizado con el debido cuidado). Solo si la ciudadanía participa y confía en la autoridad (que debe disponer de los mejores antecedentes posibles) estará dispuesta a colaborar en el esfuerzo que se le exigirá. Y tercero, debe apoyar decididamente el plan, con recursos y voluntad política, asegurando su implementación y fiscalizando su cumplimiento. Aquí es donde la falla de la autoridad es más evidente.
Según mis estimaciones, en Santiago, en 2004, se perdieron al menos US$ 375 millones debido a los actuales niveles de contaminación; US$ 75 millones corresponden a costos médicos y a trabajo perdido. Es alarmante que la autoridad destine menos de un 0,3% de este monto para la gestión del plan. No existe racionalidad alguna que justifique el recorte de estos ya escasos recursos. En el plano político, la Ley de Bonos de Descontaminación, una de las herramientas que permitirían reducir las emisiones en forma más eficiente, lleva más de dos años en el Parlamento sin que se aprecie la voluntad de impulsarla. El cambio de institucionalidad propuesto en el programa del nuevo gobierno puede mejorar la situación. Elevar Conama a nivel de ministerio le dará más peso político a su director. Por otro lado, la concentración de la fiscalización en una sola entidad es urgente.
Si la autoridad no reacciona, es difícil que Santiago pueda alcanzar la calidad ambiental de la gran ciudad que aspira a ser. El costo de la demora lo estamos pagando todos los habitantes de Santiago, especialmente los más desposeídos. Los estudios muestran que los impactos en salud se concentran en los habitantes de menos recursos. Ellos son los más afectados por una demora que no tiene justificación. Si en el manejo de nuestra economía somos un ejemplo a nivel mundial, ¿por qué no podemos serlo en el manejo de nuestro medio ambiente?