MEDIO AMBIENTE Y DERECHO

LUCHA, tu deber es luchar por el Derecho; pero el día que encuentres en conflicto el Derecho con la Justicia, lucha por la Justicia ("Los mandamientos del Abogado" E. Couture

viernes, abril 28, 2006

La agenda política del Gobierno no contiene la generación nuclear: Michelle Bachelet se comprometió con ambientalistas chilenos

Una cosa es que Chile decida no incluir a la generación nuclear en su malla energética y otra es negarse a analizar la materia, al punto de prohibir hablar sobre el asunto como si esta alternativa no existiera.

La Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) no puede evaluar, por ahora, técnicamente esta alternativa porque no está en la agenda de Gobierno. Es un compromiso.
La Comisión Nacional de Energía, por su parte, eliminó de su sitio web una sección dedicada a este tema vetado. Consultamos la razón. Constestaron: "la pregunta es muy amplia".
La razón es un acuerdo que firmó la candidata Michelle Bachelet con gran parte de los ecologistas de nuestro país, hecho que amordazó a la CCHEN.
A través de la ONG Chile Sustentable, dirigida por Sara Larrain, la Mandataria suscribió un acuerdo de 10 compromisos de sustentabilidad ambiental. El quinto dice textualmente: "No incluir la opción nuclear en la política energética nacional".
"Desde el punto de vista académico, me preocupa este rechazo absoluto, porque desincentivamos la formación de recursos en esta área y perdemos un acervo cognitivo importante", declara Claudio Tenreiro, ex director de la CCHEN.
Este sesgo de lo nuclear contamina indirectamente la investigación y sus aplicaciones, como medicina, seguridad radiológica y sus instalaciones.
"Además, lo nuclear es transfronterizo. Si un reactor argentino tiene problemas, debemos ser capaces de reaccionar y ayudar. Los rusos fueron incapaces de manejar la situación de Chernobyl", aclara Tenreiro.
El alegato
Claudio Tenreiro ya no es funcionario de Gobierno. Como académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, trabaja en astrofísica nuclear, eficiencia energética y energía renovable.
Le molesta la negación al tema sin que éste sea analizado.
"Quizás la generación nuclear de potencia no es para todos los países. Tal vez a Chile le convenga más que Argentina construya unas cinco centrales para exportar energía. Pero no sabrá esto hasta conocer cuál es el potencial energético total que tiene", plantea Tenreiro.
Comparte la opinión con Sara Larrain en cuanto a que Chile tiene esta gran tarea pendiente, además de su retraso en eficiencia energética.
Los principales puntos que alega Sara Larrain "son los riesgos inaceptables de contaminación radiactiva que implica la opción nuclear, la dependencia energética y tecnológica y la grave vulnerabilidad geopolítica".
Larrain, detalla:
Aún no existe tecnología para la disposición final de los desechos radiactivos, con vida media de 10 mil años.
Cualquier emisión radiactiva es más posible en un país sísmico como Chile.
Las plantas nucleares, las piscinas de desechos y el transporte son blancos estratégicos en caso de tensiones políticas.
Claudio Tenreiro responde a esas afirmaciones.
Destaca que sí existen tecnologías para el depósito de desechos nucleares y su manejo responsable. Incluso, en países con alta sismicidad, como Japón, Pakistán e India.
El material peligroso se guarda encapsulado y densificado en una matriz de vidrio que, a su vez, se introduce en otros contenedores. "Sólo el golpe de un meteorito podría vulnerar este sistema", dice.
Todo progresa
Esa tecnología de vitrificación, que se usa ahora, provino de la naturaleza, cuando hace millones de años un grupo de bacterias provocó fisión en un reactor natural en Oklo, África.
Los residuos permanecen allí. La alta temperatura derritió la arena hasta formar una matriz de silicio que los encerró.
Para los residuos radiactivos de vida media larga, Claudio Tenreiro asegura que también existe tecnología de punta.
Son sistemas de transmutación, que pasaron las etapas de prueba. Ahora se trabaja en cómo esto puede transformarse en algo económicamente viable para utilizar a escala industrial.
La transmutación introduce una reacción nuclear que cambia el núcleo que se tiene por otro, lo transforma en un núcleo de vida corta o bien en uno estable.
Los desechos problemáticos son los productos de la fisión, el principal objetivo de la nueva tecnología: acortar la vida media en un año para los más peligrosos y a no más de 100 años para los de vida media larga.
El proceso se puede realizar en instalaciones fuera de la planta, idealmente regionales para abaratar costos. Pueden emplearse reactores subcríticos, que necesitan de un acelerador de partículas para funcionar.
Eso da seguridad adicional. Si se apaga el acelerador, se apaga el reactor de inmediato como apagar la luz. No hay que bajar barras ni nada de eso para que se acabe la reacción nuclear.
Países como Suecia guardan los desechos para que las futuras generaciones puedan usarlos. Lo que llamamos residuos radiactivos hoy pueden ser mañana una gran fuente energética.
"Hay que preguntarse entonces -dice Tenreiro- si queremos deshacernos del residuo o guardarlo como fuente energética, como es el caso del plutonio y otros elementos radiactivos generadores de calor."
Combustible a pilas
En cuanto a que las plantas pueden ser blancos estratégicos, Tenreiro asegura que ningún país se arriesgaría ante la comunidad internacional a ser provocador de catástrofes nucleares.
"Sí hay modos simples para detener un reactor sin destruirlo y sin causar ningún daño ambiental", precisó.
El físico nuclear informa que hay varias tecnologías nuevas de reactores, con EE.UU. a la cabeza. La idea es buscar que el combustible esté encerrado en pilas y que éstas se puedan recambiar in situ cada ocho años.
Hay varios modelos para estas ideas conceptuales.
A diferencia de las barras de combustibles, esas pilas vendrían en un sistema sellado. El corazón del reactor hoy puede tener 200 barras con sus elementos combustibles; se ponen de a una. En las pilas, todo vendría en una solo recipiente compacto.
Además, ello evitaría las piscinas que almacenan las barras de combustible. Las pilas irían a un lugar de reprocesamiento. Allí las desarmarían, sacarían el combustible y separarían los componentes por peligrosidad química y por radiactividad.
La Agencia Internacional de Energía Atómica analiza este tipo de reactores con pilas hace un par de años.
Tenreiro en sus palabras:
"Los principales ambientalistas mundiales son hoy pro energía nuclear debido a que las centrales no emiten gases invernadero. No entiendo a los ambientalistas chilenos. Será como la moda, que siempre llega con retraso en Chile".
"El Gobieno no puede oponerse a la generación nuclear, sólo regularla. No es constructor de centrales hidroeléctricas ni de nucleares. Es la empresa privada la que decide el negocio. Endesa está pensando en la opción y los empresarios chilenos no ven obstáculo".
"Chernobyl ya no sirve de excusa, porque hoy existe seguridad intrínseca en las plantas nucleares. Sólo queda la responsabilidad humana de por medio".

Puchi se abre a construcción de centrales si Colbún modifica proyecto Aisén

Víctor Hugo Puchi, el hombre que está dando dura batalla contra la construcción de cuatro centrales hidroeléctricas en Aisén, dice estar esperanzado en que los nuevos socios de Endesa puedan modificar sustentablemente el proyecto.
Asimismo, señala que para Douglas Tompkins será muy difícil defender que las líneas de transmisión de las centrales no pasen por el Parque Pumalín.
Víctor Hugo Puchi es conocido por ser presidente y socio de la empresa salmonera más grande del país, Aqua Chile, y también por ser uno de los más férreos opositores a la construcción de cuatro megacentrales hidroeléctricas en la Región de Aisén por parte de Endesa.
Sin embargo, la entrada de Colbún al proyecto energético podría cambiar su parecer, siempre que la firma nacional impulse importantes modificaciones al actual proyecto, que permitan garantizar el desarrollo sustentable de la Patagonia.
Pero la armonía de centrales y naturaleza no es el único tema que le quita el sueño a Puchi. El empresario posee intereses ganaderos en la zona y, según sus cálculos, la creación de represas inundaría tal cantidad de tierras que haría desaparecer un 60% de la actividad en Aisén.
Por ello, está a la espera de un pronunciamiento de Colbún –brazo energético de la familia Matte, grupo que ha manifestado tener una especial preocupación por el manejo sustentable de sus negocios-, para evaluar qué pasos seguirá frente a la conflicto.
La opinión del salmonero-ganadero no es menor, toda vez que ha desplegado una ofensiva legal para bloquear el proyecto ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y la Contraloría General de la República, de la mano del abogado Álvaro Varela.
Esperando a Colbún...
-El directorio de Endesa autorizó a la administración de la compañía a firmar el acuerdo con Colbún, ¿Cómo enfrenta ése nuevo escenario?-Nosotros vemos con preocupación el tema. Todavía no vemos ningún pronunciamiento de Colbún, ni de cómo ven el proyecto y qué cambios le harían. Por lo tanto, no tenemos opinión sobre eso. Por eso, si el plan continuara como está hoy día seguiría siendo igualmente dañino, independiente de quién esté detrás, y nosotros seguiríamos haciendo valer nuestros derechos a oponernos a la instalación de centrales con represas.
-¿La entrada de Colbún al proyecto le da confianza?- Ojalá, en beneficio del país, que haya un cambio de posición y que los nuevos socios logren hacer cambios que contemplen los intereses de la región afectada y propongan modificaciones tendientes a usar tecnología no tan dañinas para las otras actividades productivas de Aisén...
-Usted apuesta entonces a la sustentabilidad de las centrales...-Yo nunca me he opuesto al progreso, yo soy un empresario y uno está conciente que la energía es un elemento vital para cualquier actividad productiva para el país, para la dueña de casa, pero eso no significa que uno tenga supeditar todo a este tema. Hay que producir ciertos equilibrios. (...) No tenemos el derecho de destruir Aisén por una decisión apresurada.
Proyectos en marcha superan a Aisén
-¿Cuál es el mapa de la oposición al proyecto? ¿Hay un frente común para seguir enfrentando esta coyuntura?-Creo que nos une la misma intención de que el proyecto se haga tal cual está. Algunos de los grupos opositores tienen unas motivaciones, otros tienen otras. En el caso de los ganaderos, lo que más nos preocupa es que se utilicen tecnologías de embalse que inunden grandes cantidades de tierra, que significa acabar con el 60% de la ganadería. Hay otra gente que tiene otros puntos que son tan válidos como los nuestros.
-¿Cuál es su fórmula para abordar el desafío energético?-Como aiseninos estamos proponiendo un cabildo abierto, de discusión técnica, donde concurran las más altas autoridades en la materia, que se ponga en la mesa la discusión de un plan energético de largo plazo en que sepamos cuál será la demanda esperada los próximos 30 a 40 años (...) Y dada esa proyección, preguntarse con qué recursos Chile puede atender esa demanda, porque sería horrible descubrir de aquí a 20 años agotamos todos los ríos...
-A usted también le interesa que se conozcan y exploren otras alternativas de producción de energía...-Claro, hace cinco o seis meses se instaló que Chile estaba en una crisis y que el proyecto de Endesa era la solución para nuestro país, pero si usted revisa lo que ha aparecido los últimos 60 días en la prensa, una lista de nuevos proyectos que suman más del doble de lo que Endesa quiere aportar con Aisén (...) Entonces, es una falacia pensar que la Patagonia es la única alternativa.
¿Relación con Tompkins?
-¿Cómo sigue su “alianza” con Douglas Tompkins?-Yo creo que en aquellos puntos en que coincidamos con nuestra visión e intereses por defender Aisén, vamos a seguir actuando coordinadamente...
-¿Tompkins no quiere que las líneas de transmisión de Endesa pasen por Pumalín, ¿cómo visualiza ése conflicto?-No conozco los detalles de las alternativas de transmisión, pero creo que en general, no solamente Tompkins, sino que también la región, va a ser cuidadosa en buscar la solución que signifiquen menor impacto ecológico.
-El ecologista norteamericano junto a su señora se referirán este viernes a su proyecto conservacionista en la Región, tras las presión comunicacional que han enfrentado los últimos días, tanto por la construcción de caminos y líneas de transmisión...
¿Solidariza con él, con la pelea que está dando?- La verdad que para él va a ser muy difícil defender que no pase energía por su predio, lo más probable es que -y ojalá lo logre- acordar una solución que produzca un impacto reducido en el medio ambiente.

jueves, abril 27, 2006

Endesa y Colbún acuerdan fórmula para alianza en proyecto Aysén

Los maximos ejecutivos de Colbún y Endesa acordaron la fórmula que tendrá la alianza a través de la cual desarrollarán el complejo hidroeléctrico de Aysén, en la XI Región. Los directorios de ambas generadoras definieron que el proyecto -que incluye la construcción de cuatro centrales con una capacidad de 2.355 MW y que requerirá una inversión de US$ 2.500 millones- tomará forma a través de la constitución de una sociedad anónima cerrada, "la que se sujetará a las normas aplicables a las sociedades anónimas abiertas", informaron ambas compañías a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). En ella Endesa -controlada por la hispana Endesa España- tendrá una participación accionaria de 51%, mientras que el restante 49% quedará en manos de Colbún, propiedad del grupo Matte.
Entre los acuerdos a los que llegaron se establece que en consideración a los aportes que Endesa ha realizado al proyecto -derechos de agua principalmente-, esta generadora recibirá en contraprestación un 12,3% de la energía que produzcan las centrales "por un plazo de 30 años desde el sexto mes de la entrada en operación comercial de cada una de las centrales que conforman el proyecto", indicaron las empresas.
Explicaron que el remanente de la energía producida se repartirá de acuerdo al porcentaje accionario que cada firma tiene en la sociedad.
El socio de Electroconsultores, Francisco Aguirre, calcula que el valor presente del 12,3% de la energía que Colbún cede a Endesa asciende a unos US$ 370 millones. No obstante, fuentes ligadas al proceso explican que el costo para Colbún de ingresar al proyecto es más bajo y está asociado a tener que aportar el 49% de la inversión, pero recibir ingresos por sólo el 42,9% de la energía que comercializará el complejo.
El acuerdo fija el 31 de agosto como fecha límite para suscribir los contratos y pactos de accionistas, previo proceso de due diligence que realizará Colbún.

Endesa está incorporando un socio, en parte, para enfrentar de mejor forma los cuestionamientos que puedan surgir en materia de competencia. Ayer expresamente dejaron constancia ante la SVS que "la estructura de asociación asegura la transparencia y competitividad en el sector eléctrico". Por eso, el acuerdo dice que la energía que venderá cada actor se manejará independientemente. Hasta ahora la autoridad no ha sido neutra.
El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Pablo Serra, ha manifestado su inquietud sobre el tema. Fuentes de organismos de gobierno indican que el acuerdo hay que mirarlo con atención, pero se debe considerar que la regulación se hace cargo de la posición dominante de las eléctricas y resguarda al consumidor de abusos a través de un esquema que faculta a entidades independientes definir cuándo y cuánta electricidad debe generar cada empresa.

Ayer también Endesa y su matriz Enersis informaron sus resultados al primer trimestre. Endesa obtuvo utilidades por US$ 63,6 millones y Enersis ganó US$ 267,7 millones.

Este miércoles se inicia taller sobre tribunales y protección medioambiental

Abogados estadounidenses y chilenos analizarán las leyes, herramientas legales y el rol de los juzgados en la protección del medio ambiente y los mecanismos para la aplicación de las leyes.

Abogados estadounidenses y chilenos analizarán las leyes, herramientas legales y el rol de los juzgados en la protección del medio ambiente y los mecanismos para la aplicación de las leyes.
Jueces y abogados estadounidenses y chilenos analizarán y compartirán sus experiencias sobre una serie de temas relacionados con leyes y regulaciones ambientales y procedimientos legales durante el Taller sobre Desarrollo de Capacidades Judiciales.

La actividad será inaugurado este miércoles 26 a las 19 horas por el presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia; el subsecretario de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, y el embajador de Estados Unidos en Chile, Craig Kelly, en la sede de la Cancillería.

En las sesiones del jueves y viernes, que incluirán conferencias y mesas redondas, especialistas de ambos países analizarán las leyes, herramientas legales y el rol de los tribunales en la protección del medio ambiente; los mecanismos para la aplicación de las leyes, y discutirán los procedimientos legales y algunos casos prácticos.
El taller es la culminación de una serie de actividades cooperativas entre Estados Unidos y Chile realizadas en el marco del tratado de libre comercio y el acuerdo bilateral de protección ambiental, efectuadas a partir del año 2004. Algunas de esas actividades incluyeron un taller sobre evaluación de daños a recursos naturales y una gira de conocimiento por Estados Unidos, entre otros.
En las sesiones de trabajo del taller participarán los jueces estadounidenses Carlos Lucero, de la Corte de Apelaciones del 10mo. Circuito Federal, Scott Fulton, integrante del Panel de Apelaciones Medioambientales de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU. (EPA), y John Pendergrass, director de Educación Judicial del Instituto de Leyes Ambientales.
Como expositores y panelistas chilenos participarán el presidente de la Asociación de Magistrados, Diego Simpertigue; la directora ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Lya Uriarte; los ministros Julio Miranda, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y Hugo Dolmestch, de la Corte de Apelaciones de Santiago, junto con abogados y especialistas en asuntos ambientales, de Conama y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
El encuentro es organizado por varias reparticiones del Gobierno y del Poder Judicial de Chile y del gobierno de los Estados Unidos.
Antecedentes de los expositores

El juez Carlos F. Lucero fue designado en 1955 como integrante de la Corte de Apelaciones del 10mo. Circuito Federal, tribunal que ve causas de los estados de Colorado, Kansas, Oklahoma, Nuevo México, UTA y Wyoming. Antes de ingresar al poder judicial, el juez Lucero fue abogado especializado en litigios civiles relacionados con aguas y recursos naturales y fue presidente del Colegio de Abogados del Estado de Colorado.
El magistrado Scott Fulton es juez en el Consejo de Apelaciones de la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA) que ve las apelaciones a decisiones de jueces de tribunales de leyes administrativas relacionadas con la aplicación de normas ambientales. Con anterioridad fue fiscal para asuntos ambientales del Departamento de Justicia y fue consejero legal de la EPA.
John Pendergrass es el abogado principal y director del Programa de Educación Judicial del Instituto de Leyes Ambientales. En ese cargo ha trabajado con organizaciones no gubernamentales de América Latina, Africa, Europa del Este y la India para mejorar programas de protección ambiental. Graduado de la Escuela e Derecho de la Universidad Case Western Reserve, Pendergrass ha realizado investigaciones y ha publicado varios ensayos sobre leyes internacionales para el medio ambiente, contaminación del agua, evaluación de daños a recursos naturales, limpieza del medio ambiente, uso de la tierra y varios otros.

miércoles, abril 26, 2006

ACUSAN 'SITUACIONES ANÓMALAS' EN PROYECTO DE ENDESA EN AYSÉN

Lunes 24 de abril de 2006.

Coyhaique-. “Los pobladores de la región, particularmente del sur quieren y necesitan información. Pero lamentablemente ni la empresa ni las autoridades en general están cumpliendo el rol que les compete con la ciudadanía regional, en circunstancias que en los medios nacionales sí se informa sobre sus tratos con Colbún, reuniones con empresarios de alto nivel, que se están invirtiendo 30 millones de dólares en estudios”.

Con estas palabras los dirigentes de la Coalición de Ciudadanos por Aysén Reserva de Vida -que agrupa a organizaciones regionales como Costa Carrera, Codesa, la Escuela de Guías de la Patagonia, Codeff Aysén, la Escuela NOLS y la Agrupación de Defensores del Espíritu de la Patagonia, denuncian la falta de preocupación por informar a las comunidades más directamente expuestas al megaproyecto de Endesa España, considerando que al contrario sí se ejecutan otro tipo de acciones como el regalo de cuadernos, en coordinación con el municipio, a los estudiantes de la escuela y el liceo con el logo de Endesa e información institucional y se moviliza a Carabineros hacia los lugares donde se realizan simples reuniones informativas.
Lo anterior fue constatado durante la visita que el sociólogo costarricense Osvaldo Durán realizó a Cochrane para relatar la experiencia que tuvieron en su país para salvar al Río Pacuare de un embalse, en el marco de una gira regional que le permitió participar en múltiples programas de radio y sostener 6 encuentros con las comunidades, principalmente estudiantes, de Coyhaique, Puerto Río Tranquilo, Puerto Guadal, Puerto Bertrand y Cochrane.
“Por ejemplo hoy se le dice a la gente de Puerto Bertrand que no será afectada, en circunstancia que está comprobado que las grandes represas afectan toda la cuenca de un río y que las líneas de transmisión perjudicarían el desarrollo completo de la región en torno al turismo. Pedimos que no se manipule a la gente repitiendo que será sólo un grupo muy acotado y reducido de comunidades las afectadas” señaló al respecto el periodista de la coalición, Patricio Segura, quien junto a Osvaldo Durán informó sobre ésta y otras situaciones, en coordinación en Cochrane con la Agrupación de Defensores del Espíritu de la Patagonia y vecinos y empresarios turísticos en las otras localidades visitadas.

Agregó que tampoco sería correcto señalar que no se puede informar de nada ya que todavía se están realizando los estudios, “porque sí podrían decir qué tipo de información están recabando las 13 universidades involucradas, para qué y con qué impactos en las comunidades y terrenos.
Además, para hablar de la oferta de empleo (pero no de los impactos por la llegada brusca de miles de personas), de infraestructura y otros temas no comprobados como una supuesta disminución del costo de la electricidad hasta tienen una presentación oficial y no para informar sobre los problemas que sí está comprobado que se generan en los lugares donde se han construido represas y sobre los cuales Endesa España seguramente tiene información. Bueno, si ellos ni los gobiernos comunal y regional no quieren apoyar a la gente con información, lo haremos como sociedad civil como parte de nuestra responsabilidad” puntualizó.

Anómalas situaciones
A lo anterior se agregó la preocupación por la presencia policial -a su entender injustificada - en los lugares donde se realizaron las reuniones en Cochrane. “Al terminar la charla con los chicos del liceo nos encontramos con que un camioneta de Carabineros nos estaba, por decirlo de alguna forma, esperando a la salida del establecimiento, situación que fotografiamos para dejar en claro que creemos que eso no corresponde. Esto se suma, según nos informaron los dirigentes de la agrupación, al verdadero empadronamiento que se ha hecho de pobladores que han participado en las reuniones y a cuando se obstaculizó la participación de la agrupación durante la visita del Presidente. Estamos hablando de Cochrane, una localidad de unos dos mil 500 habitantes en la Patagonia, y aunque entendemos que la policía tiene que recopilar información sobre un escenario sensible como el de los trabajos de Endesa España estimamos que estas prácticas podrían amedrentar a quienes legítimamente quieren participar” expresó Patricio Segura, lo cual fue refrendado por el sociólogo Osvaldo Durán a quien le pareció grave la situación.

Agregó que el hecho que Endesa regale cuadernos a los estudiantes del liceo y la escuela, con la aprobación del municipio en su rol de sostenedor, les parece una intromisión inadecuada “no por el regalo, ya que es legítimo apoyar a los estudiantes. Pero que éstos tengan el logo y nombre de la empresa -incluso en sus páginas interiores- además de información corporativa y de marketing, es tratar de manipular a nuestros niños y jóvenes, para lo que incluso se presta el alcalde. Si los profesores no pueden proponer marcas de útiles escolares porque el Ministerio de Educación dijo hace ya varios años que no correspondía, esto tampoco se debiera realizar al interior de las escuelas. Si quieren, que pongan un stand en la plaza y lo regalen a quien quieran, pero que no usen la infraestructura escolar pública y las necesidades de las familias para vender su proyecto, ya que serán estas mismas comunidades las que, de presentarse el estudio de impacto ambiental, tendrán el derecho de hacer observaciones a la iniciativa” concluyó.
En este sentido expresaron que sería positivo que como en estos días la intendenta Viviana Betancourt viaja a la zona sur, en particular a Cochrane, evalúe la pertinencia de estas situaciones y recuerde a la comunidad la independencia y tino que deben tener en ésta y otras materias todos los organismos del Estado en quienes la gente confía.

Agregaron que esperan que reciba la carta que la Agrupación de Defensores del Espíritu de la Patagonia le entregará sobre la improcedencia de que se entreguen cuadernos para promocionar a Endesa con el fin de que el Ministerio de Educación evalúe la pertinencia de la situación.-

Llaman a flexibilizar plan hidroeléctrico para la Patagonia

Comisión de Medio Ambiente del Senado propuso a ejecutivos de Endesa hacer cambios en los proyectos de construcción de cuatro centrales hidroeléctricas en la Patagonia. Plantean cambiar sector Backer 2 por Río Bravo para amortiguar efecto ecológico.

Una flexibilización de los planes de construcción de cuatro centrales hidroléctricas en la Patagonia propusieron los senadores de la comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales a los ejecutivos de Endesa, principalmente solicitando el cambio de los trabajos que se proyectan para el río Backer en el sector de El Saltón por un punto en el río Bravo.
“Derechamente nosotros planteamos la flexibilización para reducir las áreas de inundación, cambiar uno de los proyectos que más daño hace, que tiene 5.600 hectáreas de inundación – el Backer 2, en el sector de El Saltón- por otro río que está al lado, que es el río Bravo, que tiene un potencial de 370 megawats, mucho más que el Backer 2”, indicó el presidente de la instancia, senador Antonio Horvath (RN).
Dijo que hasta ahora los representantes de la empresa “aducen que no tienen los derechos de agua o que los habrían devuelto y es un tema que vamos a ver con la dirección de aguas”, cuestión que debiera despejarse en los próximos días en la misma comisión.
El senador recalcó que asimismo “les planteamos una serie de preguntas que apuntan a la flexibilización del proyecto para reducir el impacto ambiental, en los sectores productivos y turísticos del área, también en qué medida se va a capacitar a la gente de la región para realizar esta obra y no generar un impacto social y cultural mayor, lo que va a significar la rebaja de los costos de la energía en una zona que es muy contradictoria, que tiene el potencial hidroeléctrico más grande de Chile y paga la energía más cara de Chile y del mundo”.
Precisan que “el otro punto es que ellos separan el impacto de lo que significan las cuatro centrales de lo que es la línea de transmisión, que la está haciendo otra empresa que es Transelec, y por lo tanto vamos a reunirnos con ellos también para ver el impacto de lo que significa transmitir en 2000 kilómetros esta enorme potencia, que además no se abre a incorporar otros proyectos de la Patagonia. Ellos han sido bastante claros en señalar que tienen otros ríos con derechos de aguas, como es El Puelo, pero van a tener que reducirlos por el enorme impacto ambiental que producen, e insinuaron -y queremos formalizarlo- que Futaleufu lo van a dejar para la conservación, cosa que nos alegra mucho”.
La línea de transmisión no sólo pasaría por Pumalín, sino por otras zonas preservadas igualmente, pues como señaló Horvath “no hay que olvidar que la mitad de la zona austral es parque o reserva o monumento natural, por lo tanto estas aprehensiones corren para todas esas áreas sensibles y todos los atractivos turísticos”.
En el caso específico del parque Pumalín, los parlamentarios aclararon que existen resguardos legales para usar una franja de cien metros en medio de los terrenos particulares para uso público, “por lo tanto la opción de hacer una obra como es un camino o una transmisión eléctrica responde a la normativa común del país, que significa declarar de fines de utilidad pública un área, y eso significa entrar a un acuerdo directo y si no lo hay, por la vía judicial resolverlo en un plazo que establece la misma ley”, explicó el presidente de la comisión de Medio Ambiente.

jueves, abril 20, 2006

Que es el Derecho Ambiental *

Derecho Ambiental es el conjunto de reglas que tienen por función proteger, preservar y desarrollar el “medio ambiente” o parte de él.

Su objetivo será manipular las conductas humanas con la finalidad que ellas no superen los niveles de tolerancia ambiental que puedan poner en peligro la salud humana y el medio ambiente.

El derecho ambiental se enfrenta básicamente a dos tareas:

  • Posibilitar la protección ambiental. Proveer un cuerpo normativo que sea capaz de administrar eficientemente la diversidad de problemas ambientales existentes
  • Posibilitar la compensación ambiental. Es decir, alcanzar una compensación entre distintos intereses que se encuentran en competencia o colisión

En los últimos años en Chile se ha desarrollado una amplia base jurídica de carácter ambiental, liderada por el mandato constitucional que compromete al Estado en la protección ambiental y complementado principalmente por la Ley de Bases del Medio Ambiente Nº 19.300.

Conceptos asociados al Derecho ambiental

Medio Ambiente: La Ley 19.300 contempla una definición amplia de medio ambiente, como “el sistema global constituído por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, quimica o biológica, socio-culturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana y natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones” Art 2º letra ll

Sin embargo, en terminos juridicos se prefiere una definición más restrngida de Medio Ambiente, es decir limitarla sólo al medio ambiente natural. Pues, la definición dada por la ley no precisa la noción de elementos artificiales de naturaleza sociocultural o cual es el sentido y orientación de su inserción dentro del concepto de Medio Ambiente

Desarrollo sustentable: El informe de la Comisión Brundlandt de 1987 (OECD) definió desarrollo sustentable como aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin arriesgar la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
La ley de Bases del Medio Ambiente la definió como "el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de generaciones futuras” art. 2 letra g

Principios de Derecho Ambiental
Estos principios tienen por fin guiar las conductas de los actores de la política ambiental, operan como referentes, concepciones matrices e instrucciones para la concreción de una política ambiental racional. Los principios mas relevantes son:

Principio de la Prevención. Según este los peligros y daños ambientales deber ser, en lo posible, evitados e impedidos antes de que se originen. Su función se orienta, además, a estimular uns disposición cuidadosa del hombre de los recursos naturales, con el objetivo de asegurar los fundamentos de vida del hombre hacia el futuro.

La prevención privilegia la adopción de medidas anticipatorios y no respresivas; así, existe un rango de tres niveles en su aplicación, lo primero será evitar la emisión del contaminante, lo segundo –en subsidio- disminuirla en la fuente misma. Sólo en caso de inoperancia de ambas la prevención opta por el camino de atacar la emsión en la esfera misma del contaminado.

La declaración de Río sobre el Medio Ambiente acoge como uno de sus criterios la prevención, en su principio 15 señala “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza cientifica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”

Principio de Quien Contamina Paga En el mensaje que se acompañó al Congreso Nacional el proyecto de ley se señala que “ el particular que actualmente contamina, o que lo haga en el futuro debe incorporar a sus costos de producción todas las inversiones necesarias para evitar la contaminación”
En caso de que no se logre imputar al causante de un perjuicio ambiental los costos derivados de su uso de un determinado bien ambiental, entonces se generan “costos externos”, produciéndose un desvío de estos costos hacia la colectividad, es decir, produce una perdida de bienestar.
El causante también tiene responsabiliades financieras y materiales hacia el medio ambiente, ya sea evitando, minimizando o compensando financieramente las molestias ambientales

Principio de la cooperación Tras este principio se esconde una máxima del Estado moderno: la distribución del trabajo entre todos los actores sociales.
Solo mediante una participación responsable y efectiva de las víctimas puede generar una relación saludable entre la libertad individual y las necesidades sociales. Mientras más anticipatorio y temprana sea la integración en los procesos de decisiones ambientales mayor legitimidad social tendrá la acción ambiental del Estado, sin que por ellos se desconozca el papel, la responsabilidad y la potestad del Estado.

Instrumento de Derecho Ambiental: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Procedimiento destinado a pronosticar y valorar anticipadamente los efectos de determinadas actividades humanas en el medio ambiente.

Es un instrumento fundado en el principio preventivo, pues persigue evitar la generación de molestias y daños ambientales o bien reducirlos y minimizarlos al menor grado posible en cada caso.

Este criterio preventivo a sido reiterado por la CONAMA al indicar que “los proyectos públicos o privados que, por disposición de la Ley deban someterse al SEIA, seben hacerlo en forma PREVIA a su ejecución y, en consecuencia, no pueden iniciarse mientras no cuenten con la respectiva Resolución de Calificación Ambiental favorable emitida por la Comisión Regional o Nacional del Medio Ambiente, según sea el caso”.

*extraído de los apuntes de clases del Prof. Roberto Ruiz Piraces

domingo, abril 16, 2006

Escasez de energía: el oscuro dilema de Bachelet

Los cortes crecientes de gas desde Argentina, la escasez de lluvias en lo que va del año y los altos valores internacionales de los combustibles, oscurecerán el panorama y generarán un alza en los precios a público, que obligarán a La Moneda a tomar medidas ya.

Pero también, pondrán a la Presidenta en una encrucijada, pues para resolver la escasez de energía tendrá que dar luz verde a nuevos proyectos; entre ellos, algunos hidroeléctricos, que la enemistarán con los ambientalistas y que además, en caso de construirse, entrarán en operaciones recién en el próximo gobierno, cuando Bachelet y sus ministros ya no estén en Palacio.

Aparte del golpe en imagen que de por sí significa un aumento en los precios de las cosas, el conflicto energético de Chile podría afectar también el crecimiento económico y mermar los recursos que la Presidenta necesita para implementar sus ambiciosos programas sociales.

O sea, todo un black out a su popularidad.

Además, le podría generar conflictos con el sector empresarial, que verá encarecidos sus costos para producir y la obligará a intentar buscar acercamientos con sus esquivos colegas latinoamericanos.

"Es uno de los problemas más serios que enfrentará Chile en estos años", dijo la actual ministra de Defensa y ex encargada del tema energético en el Gobierno de Lagos, Vivianne Blanlot.

Mientras, la ministra de Minería y Energía, Karen Poniachik, prefiere hablar de desafío, pero que requerirá grandes esfuerzos.

Variando a oscuro

Aunque es un hecho que no habrá cortes de luz para la "señora Juanita" -al menos durante los dos primeros años de la era Bachelet-, la escasez de gas argentino y la imposibilidad de compensar su falta a los mismos valores de antaño, gatillará alzas en las cuentas de la electricidad de hasta 25% en el mismo lapso, según el analista, Gabriel Bitrán , aunque otros expertos creen que puede ser de 5%.

En esto coincide Sebastián Bernstein, ex secretario ejecutivo de la CNE y actual socio de la consultora Synex:

"Debería haber un encarecimiento en los precios de la energía, porque los cortes de gas se suplirán con generación de energía con petróleo diésel que es más caro (cuesta cinco veces más que el gas) o con swap, que es pagar el gas a precio de combustible", asegura.

Incluso, Poniachik reconoce que en el mediano plazo "subirá el precio de la energía en Chile" por efectos de los valores internacionales del crudo.

Pero también habrá efectos en los valores de la gasolina y diésel, lo que pegará fuerte en los bolsillos de los chilenos.

En el largo plazo, el panorama no se ve más claro.

Según el socio de Electroconsultores, Francisco Aguirre, la demanda energética en Chile se duplicará de aquí al 2015 con un crecimiento anual cercano al 7%. Y lo peor es que en la actualidad no hay proyectos en construcción que aseguren esa energía, por lo que se necesitan medidas "urgentes", dice.

A juicio de los expertos, la puesta en marcha de nuevas centrales hidroeléctricas será la gran solución del Gobierno y la decisión tendrá que tomarla Bachelet ahora, porque construir una central de ese tipo tarda al menos ocho años.

"El gobierno tendrá que despejar ese camino con reglas claras y hacer expeditos los procesos", afirma Bernstein.

Y en esto coincide la prestigiosa clasificadora de riesgo Standard & Poor, quien en su último informe sobre energía en Chile llamó a tomar decisiones rápido.

"Mientras más se tarde en diseñar un plan integral en esta materia, más graves serán las consecuencias y sus secuelas para el país", dice.

Pero apoyar centrales hidroeléctricas tendrá fuertes costos para la Presidenta.

"Bachelet tiene más compromiso y sensibilidad con el tema ambiental que los gobiernos anteriores, pero técnicamente la mejor solución es la central hidroeléctrica Aysén. Ella tendrá que invertir buena parte de su capital político en eso y no pocos riesgos", dicen fuentes del entorno de la Mandataria.

Factor verde

En la búsqueda de nuevas fuentes de energía y para amigarse con los ecologistas, la Presidenta Bachelet prometió que de aquí al término de su mandato un 15% del total que requerirá el país será generado con sistemas alternativos no contaminantes, como luz solar o energía eólica.

Y si bien ya hay varios proyectos en carpeta -de hecho, un grupo de inversionistas canadienses estudia poner en marcha un proyecto eólico a gran escala en el país y la ENAP con Iansa, ven desarrollar un sistema de biocombustibles a través del azúcar, trigo o maíz- esto no se logrará, como dijo la Presidenta, dentro de estos cuatro años, aseguran los expertos.

A esto se suma que las posibilidades de conseguir energía en el vecindario son remotas.

Pues, aunque para los expertos una buena iniciativa sería lograr un acuerdo con Bolivia para que venda gas a Chile, es más que difícil lograrlo.

"Hay que explorar esa posibilidad porque ese gas serviría para respaldar las centrales existentes", indica Bernstein.

Mientras, Argentina no tiene posibilidades de abastecer a Chile, ya que en el futuro incluso arriesga falta del combustible para su propio consumo interno.

Por eso, algunos expertos incluso aconsejan ver la posibilidad de poner en marcha centrales de energía nuclear, algo que Bachelet descartó en su programa de gobierno.

"Probablemente haya incluso que pensar en alternativas nucleares para fines de la próxima década, lo que exige definiciones en política energética del largo plazo", dice Aguirre.

FACTOR VERDE:

El polémico proyecto Aysén

Unos US$ 4.000 millones planea invertir Endesa en el proyecto hidroeléctrico Aysén.

Éste considera líneas de transmisión y la construcción de cuatro centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua, dos de los más caudalosos del país.

El proyecto -en total generaría una potencia de 2.400 MW que permitirán cubrir nada menos que el 33% del requerimiento energético que Chile tendría hacia 2015- ya generó el rechazo de los ambientalistas y de salmoneros que operan en la zona.

La ex candidata presidencial Sara Larraín dice que rechaza totalmente la construcción de centrales hidroeléctricas en el sur de Chile.

"En ningún caso una prioridad de negocio transnacional puede ir en contra o hipotecar el desarrollo regional, ni de Aysén ni de cualquier otra región... El gobierno no puede sacrificar las prioridades de los habitantes y el desarrollo regional para que Endesa acelere el aprovechamiento de sus derechos de agua para no pagar patentes. O que quiera valorizar la empresa para sacar más ganancias en la OPA por la compañía que se negocia en España", afirma.

En esto coinciden Juan Pablo Orrego; los empresarios Víctor Hugo Pucchi (socio de la salmonera AquaChile y ganadero de la XI Región) y Hernán Echaurren, y el abogado Álvaro Varela, quienes se enfrentaron a los ejecutivos de la empresa española en su junta de accionistas realizada a mediados de marzo.

Pese a eso, explicaron fuentes, el Gobierno tendría interés en sacar adelante ese proyecto, que fue respaldado en su momento por el ex ministro de Economía Jorge Rodríguez.

De hecho, Endesa ya pidió al Gobierno los permisos para iniciar los estudios de prefactibilidad del proyecto y, según afirmaron, ya estaría lista la luz verde.

La arremetida ecologista en cualquier caso complica al Gobierno. Ello, porque Chile tiene recursos hídricos para generar 16 mil megawatts de energía a través de este tipo de centrales, pero más de la mitad de ellos están de Puerto Montt al sur.

O sea, para trasladarlos a la zona central habría que hacer tendidos eléctricos que pasen por reservas naturales, como los terrenos de Douglas Tompkins, lo que será duramente rechazado por los ecologistas y el propio magnate.

PLANES:

Hágase la luz

Mientras se planifican medidas de largo plazo, el Gobierno decidió acelerar proyectos que entreguen soluciones ahora.

Acelerar la puesta en marcha del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) que maneja la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y que permitirá acceder a nuevas fuentes de gas a precios competitivos es una de las primeras medidas, pero que tendrá efectos en unos años más.

El plan no entrará en operaciones en 2009, como se había anunciado, sino a mediados de 2008, dijeron fuentes de la compañía.

Además, el Gobierno lanzará una campaña para fomentar el ahorro de energía y a través del Ministerio de Minería y Energía ya inició promociones en el exterior para que nuevas compañías se instalen en Chile.

Dentro del marco de la licitación del suministro para las distribuidoras, como Chilectra, Chilquinta, Emelectric o Saesa, envió antecedentes a embajadas y medios de comunicación especializados para tentar a nuevos actores, mientras el Gobierno incluso está dispuesto a cambiar la fecha del concurso -planificada para agosto- para dar aún más tiempo a las firmas internacionales para que tomen la decisión de venir a Chile a abastecer a las distribuidoras.

Pero el problema de falta de energía no sólo tiene que ver con la electricidad.

Por eso, el Gobierno prepara cambios en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles para amortiguar los altos valores a público de la gasolina y el diésel. Las medidas se conocerán en julio. Y si bien entre las conversaciones estuvo bajar el impuesto a las bencinas (que hoy es de $188 por litro), Hacienda descartó esa idea.

sábado, abril 15, 2006

Descontaminación de Santiago. Opinion de Luis Abdón Cifuentes

El informe de los auditores internacionales al Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana ha producido una justificada preocupación en la ciudadanía debido a sus negativas conclusiones acerca del manejo, del apoyo de la autoridad al plan y del pesimismo con respecto al cumplimiento de sus metas. La autoridad ambiental ha destacado, en el pasado, el avance en materia de descontaminación de Santiago. Pero, como apunta la auditoría, el ritmo de decrecimiento ha decaído en los últimos años y hasta se ha revertido para contaminantes como el ozono y el monóxido de carbono.
Esta desaceleración se debe a varios motivos. En primer lugar, hay que reconocer que el control de la contaminación es una tarea compleja que involucra a todos los sectores de la sociedad. A la ciudadanía, que, por un lado, debe ejercer presión sobre sus autoridades para que implementen las medidas necesarias y, por otro, debe colaborar con estas medidas. A los científicos, que deben aportar conocimiento acerca del comportamiento de la contaminación y de las medidas que se requieren para reducirla. A la autoridad, que debe proponer las medidas más eficientes posibles para reducir la contaminación, asegurando posteriormente su cumplimiento por parte de la ciudadanía, tanto empresas como individuos. Si cualquiera de estos pilares falla, el esfuerzo completo se compromete, como lo muestra la reciente auditoría.
A medida que se avanza, la tarea se hace más difícil. En el comienzo del esfuerzo de descontaminación, en los años 90, las medidas para reducir la contaminación eran evidentes. En esos años se produjeron las mayores reducciones. Pero hoy casi todas las medidas fáciles ya se han aplicado. Las que quedan por realizar son mucho más complejas y requieren de un estudio acabado y una participación efectiva de la sociedad. De otro modo, pueden fallar o resultar en costos desproporcionados con respecto al beneficio. Es por esto que en este período la labor del gobierno es aun más importante.
Esa labor se debe desarrollar en tres áreas. Primero, aportar los recursos para desarrollar el conocimiento que permita diseñar las medidas más eficientes para reducir la contaminación. Segundo, debe diseñar estas medidas considerando a todos los agentes involucrados, incluyendo la ciudadanía (materia que se considera en el plan, pero que no se ha realizado con el debido cuidado). Solo si la ciudadanía participa y confía en la autoridad (que debe disponer de los mejores antecedentes posibles) estará dispuesta a colaborar en el esfuerzo que se le exigirá. Y tercero, debe apoyar decididamente el plan, con recursos y voluntad política, asegurando su implementación y fiscalizando su cumplimiento. Aquí es donde la falla de la autoridad es más evidente.
Según mis estimaciones, en Santiago, en 2004, se perdieron al menos US$ 375 millones debido a los actuales niveles de contaminación; US$ 75 millones corresponden a costos médicos y a trabajo perdido. Es alarmante que la autoridad destine menos de un 0,3% de este monto para la gestión del plan. No existe racionalidad alguna que justifique el recorte de estos ya escasos recursos. En el plano político, la Ley de Bonos de Descontaminación, una de las herramientas que permitirían reducir las emisiones en forma más eficiente, lleva más de dos años en el Parlamento sin que se aprecie la voluntad de impulsarla. El cambio de institucionalidad propuesto en el programa del nuevo gobierno puede mejorar la situación. Elevar Conama a nivel de ministerio le dará más peso político a su director. Por otro lado, la concentración de la fiscalización en una sola entidad es urgente.
Si la autoridad no reacciona, es difícil que Santiago pueda alcanzar la calidad ambiental de la gran ciudad que aspira a ser. El costo de la demora lo estamos pagando todos los habitantes de Santiago, especialmente los más desposeídos. Los estudios muestran que los impactos en salud se concentran en los habitantes de menos recursos. Ellos son los más afectados por una demora que no tiene justificación. Si en el manejo de nuestra economía somos un ejemplo a nivel mundial, ¿por qué no podemos serlo en el manejo de nuestro medio ambiente?

Acuerdan impulsar una política integral de aprovechamiento del agua

La Comisión de Obras Públicas del Senado escuchó la exposición del subsecretario del ramo, Juan Eduardo Salvidia, sobre los distintos usos y concesiones del agua potable rural
Subsecretario de OO.PP, Juan Enrique Saldivia
Desarrollar una política integral de aprovechamiento del agua y planificar una legislación que tenga el suficiente respaldo político para poder aplicarla, fueron los acuerdos que adoptó la comisión de Obras Públicas, junto al subsecretario de la cartera, Juan Eduardo Salvidia.

Así lo afirmó el senador Sergio Romero, presidente de la instancia quien explicó que en esta primera reunión “hubo una exposición de parte del subsecretario Saldivia básicamente sobre las aguas y sus distintas expresiones: desde el agua potable rural, el uso energético, las concesiones de embalses, el tema sanitario y todo lo que dicen relación con el mantenimiento de cuencas y que nos obliga a mirar el tema desagregadamente”.

Señaló que “cada uno de estos temas vamos a estudiarlos en forma individual ya que los senadores de la comisión ya formulamos distintas observaciones respecto a lo que debe ser una política integral de aprovechamiento del agua que considere cada uno de los usos del vital recurso”.

El parlamentario indicó que “la idea es que “en algunos casos, se planifique una legislación o en otros simplemente se elabore un reglamento. Por ejemplo, en el caso de las aguas lluvias, un anterior proyecto fue declarado inconstitucional y eso nos obliga a reestudiar y reajustar la iniciativa para que quienes se beneficien de estas inversiones paguen”.

Puntualizó que “la comisión estará a la espera que el Ejecutivo nos informe cómo se ha ajustado el proyecto” y respecto a los otros usos y aprovechamiento del agua no descartó que se llegue a una simple reglamentación para poder regular adecuadamente el sector”.

El senador Romero manifestó que “las autoridades de Obras Públicas se comprometieron a hacer un debate primero, sobre una política integral de aprovechamiento de aguas, antes de enviar un proyecto que muchas veces, no tiene el respaldo político”.

Ejecutivos de Endesa estudiarán propuesta de flexibilización del proyecto de centrales en el río Baker

Según el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Antonio Horvath, la eléctrica quedó en responder las preguntas que, sobre la materia, le enviarán los senadores.
Río Baker
Un principio de acuerdo para estudiar una alternativa de flexibilización del proyecto de construcción de cuatro centrales hidroeléctricas en el río Baker, en la XI región, para reducir el impacto ambiental en el sector, alcanzaron los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente del Senado y los ejecutivos de Endesa Chile.

Así lo manifestó el presidente de esa instancia legislativa, senador Antonio Horvtah, al término de la sesión en la que el gerente general de Endesa, Rafael Mateo Alcalá, expuso ante la comisión los detalles del proyecto, cuya construcción se iniciaría el año 2008 y contempla la construcción de dos centrales en el río Baker y dos en el río Pascua.

Les planteamos como comisión una serie de preguntas, muchas de las cuales apuntan a la flexibilización del proyecto para reducir los impactos ambientales en los sectores productivos y los sectores turísticos. Ellos se comprometen a hacer esta flexibilización, pero no sabemos exactamente hasta cuanto, por eso es que vamos a formalizar las preguntas por escrito”, dijo el parlamentario.

Explicó, que la alternativa que le plantearon a los ejecutivos de Endesa es la de cambiar el proyecto de construcción de la central hidroeléctrica del Baker II, que tendría 5.600 hectáreas de inundación, por una ubicada en el río Bravo, que está contiguo al citado lugar y que tiene un potencial de 370 Mega Watts.

Al respecto, el senador Horvtah señaló que los representantes de la eléctrica, les manifestaron que no tienen los derechos de agua de ese río, por lo que la comisión quedó en consultar quien los tendría.


IMPACTO

Según el parlamentario, las principales inquietudes de la comisión estuvieron relacionadas con el impacto ambiental y social que tendrá la construcción del proyecto en la XI región.

“Ellos han sido bastante claros en señalar que tienen otros ríos con derechos de agua, como es el río Puelo, pero van a tener que reducirlo por el enorme impacto ambiental que producen e insinuaron que el Futaleufú lo van a dejar para la conservación”, explicó.

Estudio dice que Santiago es la capital con peor calidad del aire en Latinoamérica

Investigación de la Organización Panamericana de la Salud realizada por especialistas del área dice que Santiago es la capital con peor calidad del aire en Latinoamérica.
El informe, que consideró 16 ciudades que cuentan con sistemas permanentes de monitoreo ambiental, arrojó que la principal fuente emisora es el transporte, que en el caso de la capital chilena genera el 56% del material particulado. A nivel de urbes en general ocupa el segundo puesto tras Arequipa, Perú.
Oriana Fernández y Macarena Royo. Fecha edición: 14-04-2006

Santiago aparece entre los países con los más altos niveles de esmog de América Latina, según un estudio de la Organización Panamericana de la Salud, denominado Evaluación de los Efectos de la Contaminación del Aire en la Salud, publicado en 2005.
El estudio, elaborado por investigadores en el área ambiental en 16 países de la región y el Caribe que cuentan con sistemas efectivos y permanentes de medición, indica que a nivel de capitales la Región Metropolitana ocupa el primer lugar entre las urbes con altos registros anuales de contaminación por Material Particulado (PM10), dañino para la salud de las personas. Le siguen Bogotá y Ciudad de México, en el período comprendido entre 2000 y 2004.
A nivel general de las urbes analizadas, Santiago ocupa el segundo lugar tras Arequipa, Perú. En contraposición con esos resultados, Sao Paulo es una de las ciudades con menores niveles de emisiones, lo que es atribuido a su buena ventilación y al fomento al transporte limpio.
Salud
El académico del Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos de la Universidad Católica, Héctor Jorquera, quien entregó antecedentes para el diseño del informe latinoamericano, explicó que en el caso de Santiago "las concentraciones ambientales de PM10 son tan altas que permiten concluir que el riesgo de la población es mayor que en ciudades de tamaño similar, pero con mejor calidad de aire, tales como Sao Paulo".
El estudio de la OPS indica que la concentración anual de PM10 fue de 68 microgramos por metro cúbico (ug/m3) en 2004. La principal fuente de ese agente es el sector vehicular, que aporta el 56% del material particulado. Le sigue el industrial, con 31,4%. En todo caso, se revela una mejora: en 2000 había un promedio de 77 ug/m3.
El especialista agregó que las emisiones de material particulado en las ciudades provocan diversos efectos en la salud, entre los que se pueden considerar incrementos de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, especialmente en los grupos más vulnerables como niños y ancianos".
Añadió que "esto lleva a un mayor numero de consultas médicas, hospitalizaciones, visitas a salas de urgencia, ausencias escolares y laborales, entre otras consecuencias del aumento de la morbilidad".
Mal pronóstico
En tanto, durante el fin de semana se prevén altos niveles de contaminación en Santiago. Esto se debe a que no se pronostican precipitaciones que ayuden a mejorar la ventilación de la cuenca.
El jefe de Calidad del Aire del Centro Nacional del Medio Ambiente (Cenma) de la Universidad de Chile, Manuel Merino, dijo que "se van a presentar altas temperaturas y días soleados. En ningún caso se puede descartar que se llegue a un nivel de un episodio crítico", como el caso de una alerta ambiental.
Explicó que un factor que podría disminuir la concentración de contaminantes este fin de semana es la salida de vehículos de Santiago, lo que haría bajar las emisiones.
Cabe recordad que el domingo pasado se constató una alerta ambiental que no fue decretada, pese a que los análisis técnicos del día anterior así lo indicaban. Al respecto, la Conama RM asumió la responsabilidad por lo ocurrido.

Institucionalidad Ambiental

Por Valentina Durán, abogada, Coord. de Investigacion - Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

Valentina Durán Fecha edición: 13-04-2006

El Proyecto de Ley despachado por el gobierno la semana pasada crea el cargo de presidente del Consejo Directivo de la Conama, hasta ahora desempeñado por el titular del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y le confiere rango de ministro de Estado a este nuevo funcionario. El principal responsable de hacer cumplir las funciones de la Conama y de proponer políticas y normas ambientales será un ministro de exclusiva confianza de la Presidenta, que deberá conducir la tramitación de los proyectos que crearían el Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia Ambiental.
El itinerario trazado no debiera encontrar obstáculos en la oposición, que ha presentado propuestas en la misma línea. Es valioso este consenso sobre la necesidad de reformar la institucionalidad ambiental, pero es indispensable que la preparación de los proyectos se funde en un proceso participativo, abierto y en antecedentes sólidos. No se trata de repetir palabras de buena crianza para estar en sintonía con la formación de comisiones que auxilien al Ejecutivo en la elaboración de propuestas, lo que, por lo demás, apoyaría con entusiasmo en este caso.
Estamos jugando con el fortalecimiento del Estado de Derecho y con garantías constitucionales como la vida y la salud, el derecho a un aire limpio y a un adecuado acceso a la justicia. También se ven involucradas la igualdad ante la ley y la certeza jurídica para la inversión que los voceros del empresariado tanto valoran.
Al mezclarse, en torno a iniciativas determinadas, las inquietudes genuinamente ambientales con la disputa entre distintos sectores de la economía por el uso del espacio y de los recursos naturales, el pragmatismo y la coincidencia de intereses generan alianzas nuevas. Si a ello le agregamos otros factores, como la necesidad de financiamiento de los municipios, la mirada escrutadora de nuestros potenciales socios comerciales y las normales disputas de competencia entre servicios públicos, podemos ver elefantes volar: alianzas entre actores tan distintos como un exportador de vinos, una ONG y pobladores, como hemos visto en los últimos días, entre un ecologista profundo y la industria salmonera, todos acompañados de asesores comunicacionales, abogados y consultores.
Pero así como un día el empresario, con una acertada estrategia, logra inclinar la balanza a favor de su proyecto, o en contra de aquél que le perjudica, al otro día, en medio del fuego electoral, su competencia directa logrará un trato más favorable ante similares condiciones, o será sancionado con una multa ejemplar, afectando, esta vez, gravemente sus garantías y su competitividad. Los gobiernos, sin dejar de seguir atentamente el people meter para reconocer los límites, han tendido la mano a la empresa, especialmente en períodos de crisis económica, reformando el reglamento de evaluación de impacto ambiental para agilizarlo o fijando metas de reducción de emisiones a partir del curso normal de los negocios.
Volviendo al diseño de la institucionalidad ambiental, ¿cuál es, entonces, el interés que debiera motivar al gobierno en sus propuestas, y luego a los parlamentarios en su análisis? Reforzar el Estado de Derecho, cumplir con el deber de tutelar la preservación de la naturaleza y velar porque no se afecte el derecho a un medio ambiente sano. Para ello se deben buscar las fórmulas que entreguen mayor gobernabilidad, aunque esto implique pérdida de poder y de los amplios espacios de discrecionalidad administrativa.
Hacerse cargo de las grandes dificultades operativas que arrastra el actual modelo requiere, por una parte, una autoridad política con estatus y recursos, es decir, un ministerio a cargo de diseñar, además de llevar adelante una política ambiental coherente, sólida y de proponer las modificaciones legales y reglamentarias que la sustenten. Sin embargo, las autorizaciones, la ejecución de los planes y la fiscalización requieren de un ente autónomo, también con recursos suficientes, que asegure que criterios técnicos y objetivos primen por sobre las consideraciones políticas.

Senado dispuesto a darle mayor celeridad a proyecto que otorga rango de Ministro a presidente de la Conama

Senador Antonio Horvath, presidente de la comisión de Medioambiente anticipó que hay voluntad de aprobar “a la brevedad y de forma prioritaria” esta iniciativa.
Comisión de Medioambiente
Su satisfacción por la firma del proyecto que otorga rango de Ministro al presidente de la CONAMA, manifestó el senador Antonio Horvath, presidente de la comisión de Medioambiente, quien hizo un llamado al Ejecutivo para que envíe la iniciativa al Senado donde existe “voluntad para aprobarlo a la brevedad y en forma prioritaria”. El parlamentario asistió a la ceremonia en el Parque Nacional del Lago Peñuelas, donde la Presidenta Michelle Bachelet realizó el anuncio. La Mandataria pidió celeridad al Parlamento para aprobar la medida número 29 de las 36 anunciadas para los primeros 100 días de Gobierno. Al respecto, el senador Horvath, señaló que “entendemos que la iniciativa tiene suma urgencia y esperamos que ingrese por la Cámara Alta porque queremos darle prioridad y no tenemos problemas de agenda para verlo cuanto antes en la comisión”.

Explicó que “esta propuesta de la creación del cargo de ministro del Medioambiente la discutimos con la ministra secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso y nos parece bien el hecho que se nombre como presidente de la CONAMA, a un ministro especial con rango especial, para poder en esta etapa intermedia, armar todo lo que será el futuro Ministerio del Medioambiente”.

Destacó la decisión de “darle la jerarquía que merece el tema de medioambiente dentro de los otros Ministerios. Incluso, la Presidenta dijo en su discurso que iba a tener más importancia que el resto de los ministros”.

El senador Horvath recordó que “esta iniciativa estaba en el programa de gobierno de Michele Bachelet y también del candidato presidencial, Sebastián Piñera, por lo tanto, tiene piso político y vamos a estudiar el proyecto de ley que envíe el Ejecutivo”.

Advirtió que aún “no conocemos los fundamentos de la iniciativa, por lo tanto, las ideas matrices las veremos cuando llegue al Parlamento. En su presentación, la Presidenta Bachelet manifestó su voluntad de cumplir el programa e hizo hincapié, particularmente, en lo que es el ordenamiento territorial que es a mi juicio la clave para resolver el tema de fondo”.

Asimismo, sostuvo que “el ordenamiento territorial es la única manera de evitar la incompatibilidad de proyectos públicos y privados en las áreas donde se localizan. Por ello, es imprescindible tener las reglas del juego claras para evitar la judicialización de los procesos, así que creo que estamos bien encaminados sobre el tema”.

Manual para prevenir conflictos ambientales

Documento está en su fase final de elaboración y servirá como guía para el empresariado CPC prepara manual para prevenir conflictos ambientales
Texto contiene una agenda temática de cómo podría venir el panorama ambiental en este gobierno e incluye un código de buenas prácticas con el entorno y los consumidores.
Cierre temporal de Celco generó esta iniciativa.
Eduardo Olivares Fecha edición: 15-04-2006

En noviembre del año pasado la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) encomendó a su comisión de medio ambiente que elaborara un amplio documento pa-ra permitir al empresariado afrontar de forma más proactiva los cada vez más frecuentes conflictos ecológicos. El objetivo de este trabajo, según los privados, es estar preparados ante el endurecimiento previsto de las políticas ambientales del actual gobierno.
El caso que desató la alerta, cuenta uno de los participantes de este reglamento, fue el de Celco. Durante el año pasado la planta de celulosa de Valdivia estuvo cerrada en total tres meses (en febrero fue clausurada 29 días por orden de las autoridades, y en junio lo hizo en forma voluntaria por otros 62 días) por sus supuestos perjuicios al hábitat de cisnes de cuello negro ubicado a su alrededor.
Tras aquel episodio, unido a las presiones de grupos ecologistas sobre industrias como la maderera, acuícola, minera y energética, el empresariado resolvió anticiparse a nuevos conflictos y definir una estrategia preventiva de eventuales errores ambientales.
"Este es un manual de cortapalos con principios muy claros sobre distintos temas ambientales. He sido harto claro respecto de la necesidad, como nación exportadora, de respetar los temas ambientales y de definir benchmarks (parámetros) que sean importantes en esa materia", comenta el titular de la CPC, Hernán Somerville.
El pasado martes el presidente de la comisión de medio ambiente de la cúpula gremial, Javier Hurtado, expuso ante el comité ejecutivo de la CPC los lineamientos del documento. En él trabajaron 10 representantes de las seis ramas que integran la confederación.
Agenda preventiva
"El documento intenta dar un conocimiento sobre diversos temas ambientales y ver cuáles son las discusiones que habrá por delante", cuenta Hurtado, quien conoce en detalle esta área como gerente general de la consultora Arcadis Geotécnica. "Se trata de una lista con varios puntos, que consideran una agenda base para que sepamos cómo abordar los aspectos ambientales en los próximos cuatro años", agrega.
Entre los elementos que abarca el manual está la conformación de la nueva estructura organizacional que este gobierno le dará a la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama), que se transformará en ministerio. También considera criterios de un código de buenas prácticas ecológicas, "porque a la luz de casos recientes consideramos que es un asunto muy relevante".
Hurtado afirma que "hemos tenido que aprender de lo que nos ha pasado. Ver, por ejemplo, cuál es la relación que deseamos con los consumidores".
Según uno de los conocedores del texto, buena parte del trabajo consistió en analizar en detalle los programas de los candidatos presidenciales, pues éstos revelaron cuál es la orientación que guiará a los actores políticos de aquí en adelante. Una fuente gremial asegura que "se revisaron todos los programas, no sólo el de la Presidenta (Michelle) Bachelet. Se supone que varios de esos compromisos se están llevando adelante, pero como en general conocemos sólo sus títulos, sus reseñas, tenemos que averiguar cuál es el alcance real que pueden tener".
Hernán Somerville adelantó que el documento que elabora la CPC, ahora que ya es conocido por todos los dirigentes de ramas, será aprobado en las próximas reuniones del comité ejecutivo, en abril o mayo. "El trabajo está prácticamente listo, hay consenso sobre su contenido", enfatiza Javier Hurtado.

Animales Ambientales

Les llaman "animales ambientales", porque son jóvenes, enérgicos y abogados todoterreno. Su especialidad es el derecho medioambiental y conforman un grupo exclusivo, donde todos se conocen y al que no es tan fácil entrar.
En general provienen del mundo público: allí ejercieron cargos principalmente en la Conama, donde acumularon el expertise necesario para luego seguir caminos independientes en el sector privado. Autodidactas, la práctica les ha entregado una experiencia única, la que hoy el mercado valora enormemente. Tanto, que junto con los abogados tributaristas y los penalistas top, estos expertos en legislación medioambiental son los mejores pagados de la plaza, llegando a cobrar hasta 10 UF la hora.
El nuevo escenario económico, donde las variables medioambientales están presentes en todas las etapas -evaluación, ejecución y desarrollo- de los proyectos, los ha hecho altamente necesarios en el mundo corporativo. Así, al menos, lo han entendido los distintos estudios jurídicos del país, los que han llamado a los miembros de este selecto "club" para crear o reforzar sus unidades en materias medioambientales.
Algunos pares más críticos sostienen que estos abogados no están en la contingencia de las decisiones importantes y que no representan un punto crítico dentro de las oficinas legales. Sin embargo, la mayoría coincide en que son profesionales técnicos y necesarios, sobre todo en los estudios grandes y de organizaciones complejas.
Si bien el factor común de este grupo es su conocimiento profundo y técnico del derecho medioambiental, sus integrantes presentan especializaciones distintas. Así, existen quienes se dedican al litigio ambiental y otros a la relación del medio y la ciudad. Los hay más intelectuales y quienes están en el camino de la asesoría en proyectos de carácter minero, industrial o forestal, entre otras áreas relacionadas con esta materia.
Esta es la historia de cinco destacados abogados ambientalistas que eligieron desempeñarse desde la perspectiva de la asesoria empresarial, sumergiéndose en un terreno que hasta hace poco estaba reservado exclusivamente para las ONG "verdes" y el aparato público.
El hombre del CEP y los Luksic
Nombre: Gabriel Del Fávero / Edad: 53 años / Estudio: Jara Del Fávero
En el año 1983 el abogado del estudio Jara y Del Fávero, Gabriel Del Fávero, recibió la solicitud de un cliente para que lo defendiera en un caso que, a primera vista, parecía otra demanda más sobre indemnización por perjuicios. La demanda en cuestión consistía en que un agricultor acusaba a tres empresas por los daños a sus cultivos que habrían producido las emisiones gaseosas de estas industrias. A poco andar, y mientras estudiaba el tema, Del Fávero comprendió que el caso tenía vinculaciones medioambientales y se percató de las deficiencias legales que a la fecha existían para abordar un proceso semejante: la legislación chilena ni siquiera definía legalmente qué era contaminación.
El juicio duró seis años y finalizó con una transacción de por medio. En el intertanto, Del Fávero fue ahondando cada vez más en el tema de legislación ambiental, tanto que en 1989 desde el CEP le pidieron que encabezara junto a Ricardo Kats una nueva Comisión de Medio Ambiente. "La idea del think tank era a través de esta instancia analizar el programa del área que el gobierno de Patricio Aylwin -pronto a asumir- ya había anunciado", reacuerda Del Fávero.
Se transformó así en un asesor clave de la Confederación de la Producción y el Comercio en la discusión con el gobierno sobre el proyecto de ley que se enviaría al Parlamento y después durante su tramitación legislativa, donde hizo aportes técnicos y legales pertinentes para lograr, desde la perspectiva liberal del CEP, una normativa lo más objetiva posible. Hoy permanece como miembro del Consejo Consultivo de la Conama en representación del CEP. "Ahí opinamos sobre las nuevas regulaciones ambientales y sobre planes de descontaminación y calidad ambiental, entre otros temas".
Pero la competencia en temas medioambientales de Del Fávero no se restringe sólo a su aporte intelectual. También, a través de su ejercicio profesional, este abogado que se autodefine como "corporativista con expertise en medio ambiente", ha destacado por importantes asesorías en temas de evaluación de impacto ambiental a proyectos industriales y forestales. Pero, sin dudas, donde su nombre suena con más fuerza es en el sector minero, donde aconseja profesionalmente hace ya varios años al grupo Luksic en todo lo relativo a minería y medio ambiente.
Para este experto en política ambiental el tema de la nueva institucionalidad que el gobierno de Michelle Bachelet está propiciando en esta área no pasa tanto por la creación o no de un ministerio, sino más bien por un reordenamiento y definición de competencias de lo que ya existe: "Se necesita una modernización del Estado en el tema de la entrega de los permisos administrativos y la fiscalización del cumplimiento de los compromisos ambientales de los distintos proyectos. Si yo tengo definido quién otorga los permisos y a quién, es muy fácil determinar quién, cuándo y cómo debe fiscalizar", plantea Del Fávero como tema central a tomar en cuenta por la nueva administración.

El urbanista
Nombre: Gonzalo Cubillos / Edad: 40 años / Estudio: Barros y Errázuriz
La relación entre medio ambiente y urbanismo es el tema que apasiona al abogado Gonzalo Cubillos, socio del estudio Barros y Errázuriz. "Esta oficina tiene una larga tradición en la asesoría de proyectos inmobiliarios, por eso cuando irrumpe el tema ambiental, cosa que sucede casi simultáneamente con mi llegada al estudio en 1996, se produce un escenario ideal para ver los temas urbanos y ambientales de manera conjunta", explica este abogado que se desempeñó por un año como subdirector de la Conama durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Así, Cubillos ha liderado los grupos de trabajo en el sector inmobiliario, los que incluyen temas ambientales como evacuación de aguas lluvias, áreas verdes, localización e impacto vial. Cubillos cree que si la gran mayoría de la gente vive en la ciudad y ése es su medio ambiente, es importante buscar las fórmulas para poder hacer que la ciudad sea más amistosa para sus habitantes. Asimismo, desde su cargo como encargado de medio ambiente y sectores regulados de Barros y Errázuriz ha debido asesorar a empresas eléctricas -en especial a Colbún- en los procesos de evaluación de impacto ambiental de sus distintas centrales, proyectos que muchas veces han contado con gran oposición de la comunidad, pero que han logrado llegar a buen término. "El tema está en que si nuestros clientes cumplen con la legislación y en especial la normativa ambiental, no se nos puede pedir más de lo que la ley exige, ésa es la base de toda defensa", afirma Cubillos.
Con relación a los desafíos en materia ambiental, uno muy relevante según este profesor de Derecho Ambiental en el Magíster de Derecho de la Universidad de Chile, es la consolidación del criterio de que a los proyectos se les debe exigir que se hagan cargo de todas las externalidades negativas, a través de imponer condiciones para su ejecución. "Soy contrario al ordenamiento territorial en áreas rurales, donde se permiten algunas actividades y otras no; ello supone un prejuicio de que ciertas actividades industriales son compatibles con un territorio y otras no. La compatibilidad ambiental depende de cada caso, de cada actividad y de cada terreno, todo lo cual debe evaluarse individualmente", remata.

El litigante
Nombre: Mario Galindo / Edad: 43 años / Estudio: Cariola, Diez y Pérez Cotapos
El nombre del abogado Mario Galindo -miembro del estudio Cariola y Pérez Cotapos desde hace seis meses- no pasa desapercibido en tribunales. En los 10 años que trabajó en Conama se dedicó principalmente al tema de la litigación ambiental. Representó a esta entidad en los temas ambientales probablemente más relevantes de la última década: Trillium, Cascada Chile, Celulosa Valdivia, Celulosa Itata y Costanera Norte, sólo por nombrar los casos más conocidos.
De todos estos litigios, el más emblemático y relevante a su juicio fue el de Celulosa Itata (2000), sobre todo por la jurisprudencia que sentó. Se trató de un proyecto evaluado en la VIII Región para instalar una planta de celulosa en el valle de Itata, el cual fue rechazado por la Corema regional básicamente por un tema de localización ya que afectaría una zona favorable a la producción de vinos premium. Sin embargo, el proyecto fue aprobado en la Conama en Santiago.
Este fallo se impugnó a través de un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago y en primera instancia fue acogido. El fallo contradijo la opinión de la Conama dada en la resolución ambiental y la rebatió en casi todos sus puntos, opinando incluso en aspectos técnicos de ésta. Ante este escenario, Galindo apeló en la Corte Suprema y ésta revocó el fallo. "En grandes líneas la sentencia estableció que la corte en conocimiento de este tipo de recursos no puede hacer la calificación técnica ni puede pronunciarse sobre las bondades o conocimientos técnicos bajo los cuales puede ejecutarse un proyecto. Así nació una nueva doctrina que, en general, se mantiene hasta hoy y le ha permitido a la Conama ganar casi todos los recursos de protección", afirma Galindo.
Hace un año, y tras una década de trabajo en el sector público, Galindo dejó la Conama y se privatizó. Primero se fue a la consultora medioambiental Arcadis Geotécnica y desde ahí emigró al estudio Cariola y Pérez Cotapos para reforzar el Departamento de Derecho Ambiental, donde trabajan otros cuatro abogados más dedicados exclusivamente a este tema. Ahí nuevamente se está especializando en los litigios medioambientales, pero también ve procesos de due diligence y auditorías, siempre asociadas al medio ambiente en sectores económicos como la minería y la industria, asesorando todas las etapas de los procesos productivos. "En definitiva no queremos dejar pasar ningún tema del área medioambiental que pueda ser de interés de los clientes históricos de la oficina, así como de otros nuevos que puedan llegar", concluye.

Abogado de nicho
Nombre: Javier Vergara / Edad: 41 años / Estudio: Vergara y Abogados
Del club de abogados ambientalistas aquí nombrados, Javier Vergara es el único que tiene una oficina propia dedicada en exclusiva a temas del derecho ambiental. "Desde 1991 me dedico sólo a medio ambiente, tanto en el aparato público donde estuve hasta 1998, como en el sector privado. Ese es quizás mi principal handicap, porque estoy muy metido en el tema, en la discusión y estoy al tanto de todo lo que está pasando en este ámbito", afirma Vergara, quien desde marzo funciona en su propia oficina -Vergara y Abogados- con otros dos jóvenes abogados más. Antes estuvo casi ocho años en el estudio Urrutia y Cia., también viendo temas relacionados al medio ambiente, como el proyecto Pascua Lama.
Vergara viene del mundo público. En 1991 llegó a la Comisión de Descontaminación de Santiago, pasó después a la Dirección Regional de la Conama, como su director, para terminar su paso por el gobierno en la Fiscalía de la coordinadora ambiental. De ahí la gran red de contactos que posee en esta área. "Hice varias relaciones con el sector público, con personas que hoy son fiscales o asesores jurídicos de las instituciones gubernamentales que ven estas materias y, por lo tanto, cuando tengo que ver algún recurso, existen buenas relaciones con estos equipos legales", explica. Sin embargo, aclara que su trabajo no es hacer lobby y que las relaciones en este tipo de instancias deben ser entre las autoridades y las empresas. "Yo asesoro a mis clentes en este sentido, porque a la larga para que un proyecto sea aprobado dependerá de si la empresa es o no confiable. Ahora, uno también puede apagar incendios", agrega.
Por estos días, Vergara dedica bastante tiempo a la asesoría de empresas cementeras y en todos los temas relacionados con residuos. Además, entrega consejos a algunas mineras en temas puntuales. Incluso, ha visto juicios por contaminación acústica en la construcción, donde debió defender a una constructora demandada por los vecinos del barrio El Golf por el ruido que producían sus labores.
"Soy generalista dentro de mi especialidad", asegura Vergara, quien cree que el debate medioambiental en los próximos años debiera centrarse en la limpieza del suelo, las mejoras en la ley de residuos y la modernización de los instrumentos de gestión ambiental de calidad del aire.

El técnico
Nombre: Sergio Vives / Edad: 38 años / Estudio: Urquidi, Riesco y Cia
Sergio Vives -socio del estudio Riesco y Urquide- trabajó seis años en la Cancillería, donde le tocó representar a Chile en una serie de convenciones ambientales internacionales, como la Convención de Cambio Climático (Kyoto), la agenda química en el Convenio de Estocolmo y el Protocolo de Montreal sobre la capa de Ozono. Sin embargo, Vives se hizo conocido en la plaza a partir del año 2000 cuando se privatizó y se abocó a un nicho del derecho ambiental hasta entonces bastante desconocido: la transacción de bonos de emisión.
Sus asesorías más emblemáticas son Agrosuper, Metrogas, La Higuera y el Vertedero de Lepanto. De hecho, Agrosuper representa el proyecto de este tipo más grande de Chile y uno de los de mayor envergadura en el mundo -el negocio se estima en US$ 30 millones-.
"Agrosuper fue un proyecto pionero y de un volumen que pocos proyectos a nivel mundial tienen. Ellos invirtieron fuertemente en tecnología ambiental que iba mucho más allá de lo que les exige la legislación chilena e internacional. De esta manera disminuyó notablemente sus emisiones y esta reducción la compraron otras compañías. Este dinero financió gran parte del proyecto", explica Vives, el gran artífice de la transacción.
A finales de 2004, CO2E, broker líder en la transacción de bonos de gases efecto invernadero y de reducciones de emisiones certificadas y con el cual Vives trabajaba hace algunos años estrechamente, lo llamó para que se hiciera cargo de la representación de la empresa en toda Latinoamérica. Desde entonces, Vives ha expandido su campo de acción a otros países del continente y hoy tiene entre sus clientes a Petrogas en Brasil, algunos proyectos de relleno sanitario en Argentina y Brasil y a Atacocha, la cuarta empresa minera más grande de Perú.